El tribunal resolvió unificar las acciones para impugnar la medida presentadas por la Cámara de Comercio de Guayaquil, por representantes del partido Unidad Popular, y la de la Asociación de Bancos Privados del Ecuador.

El juez Richard Ortiz está a cargo del proceso y no tiene fecha para emitir un dictamen al respecto.

Desde el pasado 1 de abril, los ecuatorianos pagan una nueva tarifa del IVA, que afecta también a productos de la canasta básica.

Con la medida, incluida en la Ley Orgánica para Enfrentar el Conflicto Armado Interno, la Crisis Social y Económica, el gobierno del presidente Daniel Noboa busca recaudar los recursos suficientes para afrontar operativos militares y policiales.

El gobernante ha minimizado el impacto de la subida del gravamen, al considerar que alimentos de la canasta básica, medicinas, educación y transporte público no resultan afectados.

Sin embargo, sí suben por el aumento de precios del gas de uso doméstico y de los combustibles.

En opinión del profesor de la Universidad Central de Ecuador Paúl Córdova, la declaratoria de conflicto armado interno sirvió como instrumento de política económica, con la elevación del IVA, y no como política de seguridad.

Por su parte, el economista Marcos Flores alertó que el aumento del IVA en Ecuador reduce el poder adquisitivo de los ingresos y vuelve al país más caro y menos competitivo.

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