Según informó el diario Royal Gazette, los legisladores avalaron la propuesta que contempla hasta cadena perpetua y multas de un millón de dólares para quienes incurran en dichas prácticas, pues el Gobierno lo considerará como una amenaza seria a la seguridad nacional y al bienestar de la población.
El Estado busca así ampliar los poderes para investigar y juzgar con mayor rigor el cibercrimen, además de adecuar las leyes a los tiempos actuales.
Aparte de la norma, Bermuda se plantea este año hacer inversiones millonarias para avanzar en la introducción de la inteligencia artificial y la transformación digital de los distintos departamentos gubernamentales, pues la idea es garantizar una adecuada estructura tecnológica, reforzar la ciberseguridad y lograr más eficiencia de los servicios públicos.
Sus autoridades igualmente realizarán otros cambios en el sistema de comunicaciones del Estado y conformarán una nube de almacenamiento que ayudará a evitar ciberataques como el sufrido en septiembre pasado.
El hackeo destruyó los servicios informáticos del país y dejó al descubierto un volumen sensible de datos personales.
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