Lo anterior forma parte de las acciones del Ejecutivo ante la crisis en las Selvas de Olancho y la Mosquitia y en especial en la Reserva de la Biosfera del Rio Plátano, denominada “Cero Deforestación al 2029”.
La resolución del Gobierno hondureño orientó al Ministerio Público investigar el modo de operación de las asociaciones y organizaciones con actividad comercial y criminal en la región.
En ese sentido, precisó que gran parte de la agricultura migratoria y siembra de plantaciones de droga de la zona tiene su origen en el lavado de activos y el crimen organizado, actividades que atentan y destruyen los bosques tropicales hondureños.
Llamó a establecer control en las carreteras utilizadas para cometer delitos ambientales y actividades asociadas al crimen organizado, que han destruido los bosques, la cultura de los pueblos originarios y demás áreas protegidas del país.
Según el documento, el Ministerio Público deberá presentar un informe en siete días y liderará esa operación para asegurar el control territorial en mano de las instituciones del Estado.
Para tal efecto, se instruyó a las Fuerzas Armadas de Honduras, a través de la Policía Militar del orden público, a proceder de acuerdo a los mecanismos legales correspondientes al decomiso inmediato y la posterior destrucción de acuerdo a la ley de la maquinaria que depreda bosques, ríos, montañas y áreas protegidas.
Además, se procederá a anular jurídicamente las autorizaciones que en áreas forestales extendió el Instituto Nacional Agrario, transgrediendo la ley forestal.
El texto también pidió a las Fuerzas Armadas aumentar progresivamente, en el tiempo de duración de la estrategia, hasta ocho mil efectivos asignados a los batallones de protección ambiental para garantizar el ejercicio de la soberanía nacional y la defensa de las áreas protegidas.
“Todas las personas naturales y jurídicas que se demuestre su presencia depredadora en actividades de escombro, agricultura migratoria, ganadería, minería, plantaciones ilícitas e incendiarios, encontrados cometiendo delitos ambientales, deben ser capturados y puestos a disposición de los juzgados especiales”, subrayó el informe.
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