La medida fue anunciada al finalizar la reunión del Consejo de Seguridad Pública y Estado (Cosepe) y estará vigente en Los Ríos, Guayas, Santa Elena, Manabí, El Oro, Sucumbíos, Orellana y en el cantón Ponce Enríquez, del territorio de Azuay.
En un video compartido en sus redes sociales, el mandatario aseguró que en enero había un caos generalizado en materia de seguridad y en cinco meses su administración logró “devolverle la paz a los ecuatorianos, algo que nunca se había logrado antes”.
Noboa indicó que a partir de este miércoles se encuentra en una segunda etapa de la guerra, que se ha sectorizado, pues las bandas ante la ofensiva militar se resguardaron en las siete provincias donde decretó el estado de excepción.
De acuerdo con el gobernante, los sucesos violentos de las últimas 48 horas, con masacres y asesinatos, son prueba de que los grupos narcoterroristas se atrincheraron principalmente en esas zonas y con el estado de excepción, policías y militares tendrán más libertad de acción.
Esta nueva declaratoria, que deberá ser analizada por la Corte Constitucional, regirá por 60 días y llega justo cuando organizaciones civiles nacionales e internacionales afirman que el contexto de conflicto armado interno favorece las violaciones de derechos humanos.
En Ecuador rige la declaratoria de conflicto armado interno, una disposición con la cual el presidente Noboa acompañó en enero pasado otra declaratoria de estado de excepción a nivel nacional para frenar la inseguridad y el crimen organizado.
A pesar de la militarización, el número de muertes violentas, extorsiones y otros delitos siguen al alza, mientras crecen las preocupaciones por el exceso en el uso de la fuerza militar en el combate a los grupos criminales, alertan colectivos defensores de los derechos.
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