Los miembros de la organización criminal, descrita como sumamente violenta por la fiscalía federal y la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) de Estados Unidos, enfrentan cargos criminales y la confiscación de bienes dado los millones de dólares generados desde 2016 como parte de la venta de sustancias controladas.
Los imputados, encabezados por Armando Alicea Santiago, de 24 años, operaban desde la sureña ciudad de Ponce, la segunda en importancia en Puerto Rico.
Un gran jurado emitió las acusaciones en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos en Puerto Rico, al atribuir a los individuos la venta de drogas ilegales, además de la posesión de armas de fuego y el asesinato de personas, según W. Stephen Muldrow, Fiscal Federal para el Distrito de Puerto Rico.
“Se han perdido demasiadas vidas a causa del tráfico de drogas y la violencia que provoca, por lo que esta acusación demuestra nuestro compromiso compartido de proteger a nuestras comunidades”, dijo Muldrow sobre la operación que incluyó a las autoridades puertorriqueña.
Destacó que esta es la tercera detención de pandillas con múltiples acusados este mes y subraya “la determinación inquebrantable de las agencias policiales federales, estatales y locales en Puerto Rico de llevar a los delincuentes violentos ante la justicia”.
La acusación establece que desde 2016, la organización de narcotraficantes distribuyó cocaína base (comúnmente conocida como crack), heroína, cocaína, marihuana y fentanilo en un radio de mil pies de varios complejos de viviendas públicas y otras áreas dentro y cerca del municipio de Ponce.
El objeto de la conspiración era la distribución a gran escala de sustancias controladas y vender en cantidades callejeras en sus puntos de drogas, mientras algunos de los narcóticos se enviarían ilegalmente por correo a Estados Unidos utilizando el Servicio Postal.
Los miembros de la pandilla utilizaron la fuerza, la violencia y la intimidación para mantener el control de las zonas en las que operaban.
Veinte acusados se enfrentan a un cargo de posesión de armas de fuego en apoyo de un delito de tráfico de drogas.
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