En el comunicado, al que tuvo acceso Prensa Latina, se señala que tomaron nota del informe enviado por el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, al Congreso en el que informa que retiraron a Cuba del grupo de países que no cooperan plenamente en su lucha antiterrorista, pero La Habana continúa en la unilateral lista de Estados patrocinadores del terrorismo.
Ese listado es infundado, aseveran los activistas colonenses, con el único fin de calumniar y servir de pretexto para la adopción de medidas económicas coercitivas contra Estados soberanos, como las que despiadadamente se aplican contra la mayor de las Antillas.
Para la organización, Cuba se ha caracterizado históricamente por permanentes gestos de solidaridad con otros pueblos del mundo, incluyendo aquellos cuyos gobiernos los adversan. El pueblo panameño es testigo de ello, a través de innumerables proyectos y programas en que la población es beneficiaria en materia de salud, educación y deporte, precisa el documento.
También señalan que el Gobierno y pueblo cubanos no patrocinan el terrorismo, sino que han sido víctimas de este, incluido el terrorismo de Estado.
Tras reiterar el total repudio a la política intervencionista de Washington, los solidarios colonenses hicieron un llamado a la actual administración de su país, que encabeza Laurentino Cortizo, a que inste a su par estadounidense a que retire la designación de Cuba como Estado Patrocinador del Terrorismo.
Igualmente demandaron el fin del bloqueo económico, comercial y financiero contra la nación caribeña, un viejo reclamo de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños y de toda la comunidad internacional durante décadas en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas.
En enero del 2021, a solo unos días de dejar la Casa Blanca, el entonces presidente Donald Trump re-incluyó a Cuba en la lista de patrocinadores del terrorismo como parte de su cruzada por recrudecer el bloqueo, la cual abarcó más de 240 medidas.
La decisión implica que arrecie por todo el planeta la persecución financiera a las operaciones que realiza el asediado país para satisfacer las necesidades básicas de la población, cuyo sector más vulnerable sufre de manera particular las consecuencias de la asfixia económica.
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