El pasado 5 de abril, uniformados ecuatorianos ingresaron a la dependencia diplomática mexicana para detener al exvicepresidente Jorge Glas, a quien el gobierno de Andrés Manuel López Obrador le había otorgado asilo por considerarlo un perseguido político.
La entrada violenta de las fuerzas del orden fue rechazada por la comunidad internacional y provocó la ruptura de relaciones entre los dos países.
El 11 de abril, México demandó a Ecuador ante la CIJ por infringir las normas internacionales sobre la inviolabilidad de las sedes diplomáticas.
Como parte de la denuncia, la nación azteca pidió medidas provisionales, entre ellas que el Gobierno ecuatoriano brinde plena protección y seguridad a las instalaciones diplomáticas, sus bienes y archivos, evitando cualquier forma de intrusión en su contra.
La decisión del máximo tribunal de Naciones Unidas llegará después de escuchar los argumentos de ambas partes el 30 de abril y el 1 de mayo.
En ese momento, representantes del gobierno de Ecuador justificaron el asalto a la embajada, un acto que calificaron de excepcional y aislado que buscaba detener a un “delincuente común”, en referencia al exvicepresidente Glas.
México, por su parte, acusó a Ecuador de «cruzar líneas que no se deben cruzar en el derecho internacional» por entrar de manera violenta a la legación y agredir físicamente a un diplomático.
Más allá del pronunciamiento judicial de este jueves, la CIJ todavía deberá analizar la demanda de México, que entre otros puntos pide la suspensión de Ecuador como miembro de la ONU hasta emitir una disculpa pública.
La Corte también recibio una acusación de la nación andina contra México por incumplir las normas sobre el asilo político, la violación en los principios de igualdad soberana y la vulneración sobre la obligación de cooperar en asuntos anticorrupción, aunque no pidió medidas provisionales.
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