Los diputados realizarán la discusión y votación general de las propuestas de Estatuto retributivo de los miembros de los órganos y servicios de las entidades locales, de Institucionalización de las entidades locales, y el proyecto de Ley Orgánica de la guardia municipal, impulsados por el Ejecutivo.
Igualmente, evaluarán la propuesta legislativa de Institucionalización efectiva de las entidades locales, cuya iniciativa corresponde al grupo parlamentario del partido Unión Nacional para la Independencia Total de Angola (Unita). Este es un tema en el centro de las diferencias políticas entre la Unita y el gobernante Movimiento para la Liberación de Angola (MPLA), por lo que el análisis en el Parlamento debe estar marcado por esas posiciones.
La Conferencia de Presidentes de los Grupos Parlamentarios, encabezada por la presidenta de la Cámara, Carolina Cerqueira, ante la proximidad de la discusión llamó el pasado 10 de mayo a la “observancia de la ética y del decoro en el ejercicio de la acción parlamentaria, manteniendo siempre un espíritu de paz y armonía”.
En su mensaje reiteró la necesidad de garantizar un ambiente de debate que permita alcanzar los objetivos que se esperan del órgano representativo de todos los angoleños.
El objeto de estas normativas es establecer las bases de creación de estas entidades de poder local, así como las medidas transitorias entre la administración local del Estado existente actualmente y el poder autárquico, caracterizado por su autonomía, capacidad de decisión y ejecución.
La quinta reunión plenaria ordinaria también debatirá en la generalidad el proyecto que modifica la Ley Antidopaje en el Deporte, mientras irán a su votación global final la propuesta de alteración de la Ley de Cooperación Judicial Internacional en Materia Penal, así como el de la Ley de Prevención y Lucha contra el Terrorismo.
De la misma manera se votará definitivamente por el proyecto de modificación de la Ley de Prevención y lucha contra el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva, y por la iniciativa relacionada con los cambios en el Código Penal angoleño.
Sobre este último los diputados consensuaron el 9 de mayo una pena máxima de ocho años de prisión para los delitos sexuales contra menores, además de una condena mínima de tres, para que los violadores no puedan solicitar la libertad bajo fianza, explicaron.
El asunto tuvo una intensa discusión entre los parlamentarios, quienes incluso llegaron a proponer una máxima de 25 años para este tipo de delito.
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