Sobre el encuentro con la directora general de la OIM, Amy Pope, y la coordinadora residente de las Naciones Unidas, Ana Graa, el canciller designado Javier Martínez destacó el interés común de enfrentar el paso de miles de personas por la peligrosa selva de Darién, en la frontera con Colombia, rumbo a Estados Unidos.
Sobre el intercambio, en el que también participaron el nuevo ministro de Seguridad, Frank Abrego, y el de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, el diplomático comentó que subrayaron la necesidad de respetar los derechos humanos de los caminantes y un mayor involucramiento de parte de los países de origen y destino.
También señaló que Panamá no cuenta con los recursos para hacerle frente al volumen de migrantes que pasan por el vasto territorio.
Martínez aclaró que Darién no es una ruta de paso para migrantes, si no una reserva forestal que ha sido afectada por este problema.
De otra parte justificó que el anuncio hecho por el presidente electo José Raúl Mulino de cerrar la frontera y deportar a los viajeros ilegales a sus países de origen es un concepto filosófico, pues lo que se quiere es reducir drásticamente el flujo, indicó.
De acuerdo con la actual directora del Servicio Nacional de Migración, Samira Gozaine, en los últimos cinco años, más de un millón de personas han cruzado el inhóspito terreno, y en lo que va del 2024, cerca de 150 mil lo han logrado.
Los migrantes que más llegan a Panamá por esta ruta son colombianos, venezolanos, haitianos y hasta asiáticos, según los registros oficiales.
Esto se ha convertido en un asunto no solo humanitario, debido a que las personas quedan expuestas a muchos peligros y delitos en cuanto ingresan a la selva, sino también ambiental por la gran cantidad de basura que dejan a su paso, comentó la funcionaria.
Mientras el país centroamericano invierte millones de dólares en la atención de los migrantes que llegan a Darién, pues, se han establecido albergues donde se les brinda comida, alojamiento y atención médica, entre otros servicios.
Además, existen controles biométricos para asegurarse que al país no ingresan personas con prontuarios criminales o casos pendientes en sus países de origen que podrían representar un peligro para los demás migrantes, incluso parqa las comunidades originarias que ya son superadas por estos extranjeros.
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