También rubricó en la sede de Gobierno, el Union Building, una ley de enmienda de la Autoridad Fiscal Nacional (NPA.
Acorde con la Presidencia, las dos leyes firmadas formarán parte de los esfuerzos gubernamentales para fortalecer las instituciones, desarrollar asociaciones y la capacidad estatal en esos temas.
Según trascendió, el Consejo Nacional sobre Violencia de Género y Feminicidio coordinará y brindará liderazgo estratégico para la lucha contra ese tipo de actos; será multisectorial y aprovechará la experiencia de todas las partes interesadas, incluida la sociedad civil, los trabajadores y las empresas.
De manera conjunta, sostuvo el Presidente, “la corrupción y la violencia de género son afrentas a la dignidad humana”, que es un derecho inalienable de todo sudafricano.
Estas formas de criminalidad, agregó Ramaphosa, están frenando al país e impiden desarrollar todo el potencial nacional.
El establecimiento del Consejo fue una de las resoluciones de la primera Cumbre Presidencial sobre el tema, convocada en 2018.
Desde entonces, afirmó, se han logrado avances importantes, que incluyen el desarrollo de un Plan Estratégico Nacional (PEN) sobre Violencia de Género y la fundación de la Asamblea Económica de Mujeres.
El propósito de la Asamblea, añadió, es integrar las empresas propiedad de mujeres en las cadenas de valor industriales, promover el desarrollo económico sostenible y empoderar económicamente a las féminas, entre otros objetivos.
Tras la firma, Ramaphosa reconoció que, si bien existen avances en la lucha contra la violencia de género, es necesario que respuesta nacional esté más coordinada entre las diferentes partes interesadas.
Sobre el proyecto de ley de enmienda de la Fiscalía Nacional, el Presidente destacó los avances, que calificó de grandes, desde el establecimiento de la Dirección de Investigación dentro de la fiscalía en los últimos cinco años.
A la fecha, reveló, la Dirección de Investigación ha llevado a los tribunales 39 casos de captura estatal (corrupción a nivel de Estado), que involucran a 212 personas imputadas y 68 entidades.
Como resultado, dijo, en el último lustro se han condenado a casi 700 funcionarios gubernamentales por corrupción.
La promulgación del Proyecto de Ley de Enmienda de la Fiscalía Nacional establecerá una Dirección de Investigación contra la corrupción como entidad permanente dentro de la NPA.
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