El juez Juan Carlos Checkley, que supervisa las pesquisas y vela por su legalidad, declaró infundada la tutela de derechos planteada por la defensa de la mandataria, que impugnaba 14 actas fiscales de la investigación del caso de presunto enriquecimiento ilícito por la posesión por Boluarte de costosos relojes Rolex y joyas.
La Presidenta, a través de su defensa, alegaba que esas actas incluyen citas de informaciones periodísticas y otras, citando fuente y vínculo de Internet para mayor información y, en definitiva se trata de información pública, según argumentó el magistrado.
Para Checkley, “los argumentos de la defensa planteados en este recurso no tienen sustento fáctico ni jurídico” para alegar la vulneración del derecho a la defensa y de igualdad de partes.
El recurso a favor de la mandataria pedía además que el juez llame la atención al fiscal de la Nación por la supuesta infracción.
La decisión se suma a una serie de diversos recursos que la defensa ha presentado sin éxito la defensa de Boluarte, la mayoría para detener las investigaciones.
Sin embargo, la mandataria y sus ministros han sostenido siempre que ella acata las investigaciones de la Fiscalía que le afectan y que espera sus resultados y aconfía en ellos.
Tras la sucesión de reveses y el fortalecimiento de la Fiscalía por diversos factores, el Gobierno anunció la presentación de un recurso ante el Tribunal Constitucional para que este deje sin efecto la potestad del Ministerio Público de investigar preliminarmente a los jefes de Estado, con lo cual las pesquisas actuales se detendrían.
El precedente de esas investigaciones fueron las realizadas al exgobernante Pedro Castillo -a la postre detenido y destituido por intentar la disolución del Congreso adverso- y fueron aplaudidas por fuerzas políticas que han bloqueado varias veces mociones de destitución de Boluarte, invocando la gobernabilidad.
Además, la mandataria y sus ministros se esfuerzan por despejar el panorama mediático del tema de las investigaciones por muertes en las protestas contra el ascenso de Boluarte al cargo, por el caso de las joyas y por obstaculizar presuntamente las investigaciones que le competen y las abiertas a su hermano Nicanor.
El discurso oficial argumenta que esos temas distraen la atención de la Presidenta e interfieren en la gestión gubernamental y reconoce que fue un error que no debe quedar como precedente, las decenas de investigaciones abiertas contra Castillo cuando ejercía el cargo la fiscal de la Nación, Patricia Bevavides, destituida la semana pasada por faltas graves.
Los llamados oficiales a que la atención pública se enfoque en la labor del Ejecutivo en materia económica social y en aras de la unidad en torno a la presidenta y la estabilidad, contrastaron en días pasados con una protesta contra el primer ministro, Gustavo Adrianzén, en la provincia de Carabaya, en la región de Puno.
En un acto público, Adrianzén fue objeto de una manifestación en su contra encabezada por familiares decaídos en las protestas por las que se investiga a Boluarte y que reclaman justicia por las muertes.
jha/mrs
