Un comunicado del organismo internacional insistió en la obligación de proteger a la población y satisfacer sus necesidades esenciales, incluido el acceso a alimentos, refugio y agua potable.
Sin embargo, el avance de Tel Aviv en la sureña demarcación desafía esos reclamos a pesar de las medidas dictadas por la Corte Internacional de Justicia (CIJ) para detener la agresión.
Más de 800 mil personas fueron desplazadas en ese extremo meridional desde que el 6 de mayo las Fuerzas de Defensa de Israel lanzaron sus órdenes de evacuación y desplegaron la operación.
Esas acciones provocaron además el cierre del cruce fronterizo de Rafah, el principal punto de entrada para la ayuda humanitaria que ahora amenaza con colapsar.
El domingo, el titular de la ONU, António Guterres, reiteró su llamado a las autoridades israelíes a facilitar la recogida y entrega segura de suministros humanitarios de Egipto que entran en Kerem Shalom para los necesitados.
El secretario general insistió en la necesidad de que todos los puntos de cruce estén abiertos de acuerdo con la resolución 2720 del Consejo de Seguridad y de que las organizaciones humanitarias tengan acceso completo, seguro y sin obstáculos para llegar a todos los civiles necesitados en toda Gaza.
Guterres recordó que las órdenes de la CIJ son vinculantes al reconocer la falta de cumplimiento para las disposiciones dictadas por el máximo tribunal de la ONU.
La Corte reconoció el viernes el empeoramiento de las condiciones de vida que enfrentan los civiles en la gobernación de Rafah, por lo que pidió a Israel detener su ofensiva militar y cualquier otra acción en esa sureña demarcación que pueda infligir al grupo palestino en Gaza condiciones de vida que podrían provocar su destrucción física total o parcial.
Además, instó a mantener abierto el cruce de Rafah para la prestación sin obstáculos de servicios básicos y asistencia humanitaria que se necesitan con urgencia.
Otra instrucción pidió a Tel Aviv adoptar medidas eficaces para garantizar el acceso irrestricto a la Franja de Gaza de los órganos de investigación encargados por órganos competentes de las Naciones Unidas para investigar las denuncias de genocidio.
El tribunal llamó a cumplir la implementación inmediata y efectiva de sus órdenes de 26 de enero y 28 de marzo de 2024 en las que indicaba medidas provisionales en el caso.
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