La mandataria llegó al Ministerio Público rodeada de un amplio despliegue de seguridad que mantuvo a raya a civiles y periodistas, y tras la diligencia se retiró raudamente y retornó al Palacio de Gobierno, continuando varias semanas sin contacto con la prensa.
Su abogado, Juan Carlos Portugal, afirmó que la mandataria contestó 50 preguntas y que varias fueron capciosas y de contenido político, formuladas por el fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena y Rafael Vela -quien atiende casos de corrupción- y otros dos fiscales.
La diligencia está referida a la desactivación, por presunta orden de Boluarte, de la unidad policial creada para apoyar a la fiscalía en casos de corrupción y cuyos jefes están sometido a una investigación policial por allanar la casa y el despacho oficial de Boluarte, por la orden de un juez a solicitud de los fiscales.
Portugal dijo también que no le preocupa la denuncia presentada ayer por el fiscal Villena ante el parlamento, por presunto delito de cohecho pasivo (recepción de soborno) por haber recibido, contra la ley, joyas de alto costo de un gobernador regional y aliado político.
Juristas de diversas tendencias han calificado la denuncia como sólida y minuciosa y opinan que pone en una situación muy difícil a la mandataria.
Por su parte, el primer ministro, Gustavo Adrianzén, insistió en el empeño de desacreditar a la acusación y a la actuación de los fiscales a lo que calificó como acoso contra la primera mujer presidenta de Perú, lo que un reportero dijo era una estrategia de victimización de la mandataria.
Acusó de otro lado a la Fiscalía de la Nación de infracción constitucional por investigar a Boluarte por presuntos delitos que no figuran entre los de extrema gravedad por los que un gobernante puede ser investigado y coincidió con el abogado Portugal en prever una decisión congresal sobre el tema acorde con la del Ejecutivo.
Una comentarista de televisión recordó al respecto que Adrianzén opinó en varias oportunidades que los presidentes en ejercicio sí pueden ser investigados y lo hizo cuando se refería al entonces mandatario Pedro Castillo.
Según el procedimiento establecido, la denuncia debe ser analizada por la Subcomisión de Acusaciones constitucionales, que reproduce la mayoría parlamentaria conservadora.
La subcomisión puede darle curso a la denuncia para que la comisión permanente la analice y la descarte o la someta a la decisión de un antejuicio político a Boluarte, archivar el caso definitivamente, o dejarlo pendiente para que se ventile tras el fin del mandato de Boluarte.
rgh/mrs
