El interrogatorio estará referido a la indagación abierta sobre el presunto papel de Boluarte en la desactivación de la unidad policial de apoyo al Equipo de Fiscales de Lucha Contra la Corrupción, sobre lo cual el Gobierno alega que fue una decisión interna de la Policía Nacional (PNP), tomada porque la creación de la unidad no fue legal.

La disolución del grupo policial fue precedida de la separación de quien fuera su jefe, el coronel Harvey Colchado, sometido a una investigación vinculada con el allanamiento de la casa de la presidenta y de su despacho en el Palacio de Gobierno.

La indagación imputa a Colchado y otros oficiales de no haber cumplido las normas del procedimiento, pero el abogado del oficial, Miguel Pérez, dijo que se trata de una venganza de Boluarte y señaló que la investigación tiene carácter político.

El letrado añadió que la pesquisa de la Inspectoría de la PNP puede tener también como objetivo anular las pruebas, una joya y un certificado de un reloj Rolex, encontradas en el allanamiento de la vivienda, ordenado por un juez, como parte de las pesquisas que ayer derivaron en la denuncia de cohecho contra Boluarte.

El objetivo, añadió, sería echar abajo la investigación y la denuncia por presentar pruebas carentes de validez porque fueron supuestamente obtenidas en forma irregular.

Entretanto, fuentes cercanas al Ministerio Público señalaron que está virtualmente lista otra denuncia contra la mandataria, por muertes durante las protestas sociales contra el ascenso, por sucesión, de Boluarte.

Tras la primera denuncia por las joyas recibidas por Boluarte del gobernador de la región andina de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, lo que sería delito de cohecho, el primer ministro, Gustavo Adrianzén, intentó desacreditarla con el argumento de que solo demuestra “la persecución sistemática indebida” de la Fiscalía a la mandataria.

Sostuvo que ella recibió la denuncia “con valentía, firmeza y decisión y sigue firme al mando el país” sin perturbarse por lo que llamó ruido político, pues, según dijo, la denuncia carece de sustento y será archivada por el Parlamento de mayoría conservadora, que ha rechazado varios intentos de vacar a la mandataria.

También insistió en que el Tribunal Constitucional debe definir en qué casos el presidente puede ser investigado, pues, según dijo, las pesquisas menoscaban las funciones de Boluarte al hacerle dedicar tiempo a interrogatorios y consultas con su abogados. Adrianzén calificó reiteradamente de desestabiliadores a quienes apoyan las investigaciones a la presidenta y dijo estar seguro de que el Parlamento archivará la denuncia como lo ha hecho antes con los intentos de vacar (destituir) a Boluarte.

El parlamentario progresista Guido Bellido acotó al respecto que, dada la contundencia de la denuncia, los partidos pueden no arriesgarse a seguir apoyando a la presidencia por el desgaste que significaría apuntalar a una mandataria que, según una encuesta, es desaprobada por el 90 por cieno de la población.

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