El lunes, el juez federal Sebastián Casanello ordenó al Ministerio de Capital Humano presentar un informe con la cantidad de productos que mantiene almacenados en Villa Martelli y Tafí del Valle, y un plan de distribución inmediato.
Sin embargo, el Gobierno apeló por considerar que “no es una cuestión de índole judicial, sino de política pública”.
En la causa, la titular de esa cartera del Estado, Sandra Pettovello, está imputada por el incumplimiento de los deberes de funcionaria pública.
Según detalló Grabois en su perfil en la red social X, la información brindada por el Ejecutivo revela que “hay 339 mil 867 kilogramos de leche en polvo (rinden dos millones 718 mil 936 litros) que se vencen en julio y todavía no presentaron el cronograma de entrega”.
Además, acusó al Gobierno de mentir y desabastecer el 90 por ciento de una red de ayuda social tejida durante décadas para abordar los problemas básicos en un contexto de duplicación de la extrema pobreza.
La decisión de rescindir convenios entre el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y organizaciones sociales en el marco del crecimiento de la indigencia es producto de una criminal arbitrariedad política que implica el abandono de personas e incumplimiento de los deberes de funcionario, señaló.
Por su parte, los senadores de Unión por la Patria en la provincia de Buenos Aires expresaron su profundo repudio al accionar del Ministerio y consideró inaceptable “el brutal avasallamiento al pueblo argentino”.
Esos alimentos fueron adquiridos durante la gestión anterior, no fueron repartidos en más de cinco meses de Gobierno de La Libertad Avanza y están en riesgo de vencerse. Es indignante que los tengan guardados cuando más del 50 por ciento de la población es pobre y el 18 es indigente, denuncia un comunicado de los legisladores.
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