El abogado Marcos Rivero pidió además que se anulen todas las diligencias realizadas por el fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, quien está a cargo de las pesquisas por el alto rango de la investigada.
El recurso, presentado por el abogado Marcos Rivero, alega que Villena no puede ejercer el cargo de Fiscal de la Nación, que desempeña interinamente por suspensión y posterior destitución de la antecesora Patricia Benavides.
Sostiene que la Fiscalía no podía investigar preliminarmente a Boluarte, ni allanar su domicilio sin previa denuncia constitucional y autorización del Congreso, en referencia a las indagaciones por el caso de presunto cohecho que habría cometido la Presidenta al recibir relojes y joyas de lujo no declaradas.
De otro lado, un ciudadano desconocido denunció a Villena por supuesta infracción constitucional, supuestamente cometida al denunciar por cohecho a la mandataria.
La acusación de Jhon Carlos López sostiene que el fiscal Villena cometió infracción, al denunciar por cohecho a Boluarte por recibir relojes y joyas de muy alto costo, de un aliado político que, según la jefa del Ejecutivo peruano, se las dio solo como préstamo.
La misma imputación lanzó esta semana a Villena el ministro de Justicia Eduardo Arana, quien, de acuerdo con medios de prensa, insinuó que el Parlamento debe procesar al fiscal por la alegada infracción.
“El Congreso pretenden someter a un juicio político al titular del Ministerio Público” por haber denunciado a Boluarte, afirmó La República en su versión de Internet. El denunciante, al igual que el Gobierno, argumenta que la Constitución establece que los presidentes en funciones solo pueden ser acusados por los delitos de traición a la Patria, impedir elecciones, disolver el Congreso sin justificación legal y entorpecer el funcionamiento del Legislativo.
La denuncia apunta a que el Congreso abra un proceso político contra la Presidenta y la acuse para que el Ministerio Público avance a la etapa de investigación preparatoria de un posterior juicio, tras haber terminado la indagación preliminar.
Entretanto, en el Congreso, donde tienen mayoría bancadas que se resisten a dar curso a la denuncia del fiscal, la Comisión de Justicia aprobó una norma que devuelve a la Policía el manejo de las investigaciones, actualmente en manos del Ministerio Público.
La decisión forma parte de 32 cambios del Código Procesal Penal y, según el abogado penalista Jorge Zúñiga, “busca disminuir las funciones del Ministerio Público”, al entregar las pesquisas a la Policía Nacional, que depende del Gobierno.
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