La institución judicial convocó a la vicemandataria para la mañana de este viernes como parte de las investigaciones del denominado caso Nene.
El pasado viernes, la Fiscalía citó a Abad sin precisar cómo sería la comparecencia de la segunda jefa del Ejecutivo, quien se encuentra en Israel como Embajadora de Paz.
En ese momento, Abad se ausentó a la audiencia pues, según su abogado Oswaldo Trujillo, la vicepresidenta “no fue notificada oficialmente».
Nos notificaron a nosotros, a nuestro domicilio judicial del caso de Francisco Barreiro, hijo de Abad, dijo el abogado al canal Ecuavisa.
Sin embargo, la Fiscalía no ha oficiado directamente a la Vicepresidencia para que se notifique, porque ese es el procedimiento que se debe seguir, reiteró Trujillo.
El jurista argumentó que, una vez que la Fiscalía clarifique y responda las inquietudes de Abad, comparecerán, “pero hay que establecer en qué calidad se le está llamando».
Recientemente, Abad responsabilizó al presidente Daniel Noboa por el arresto de su hijo y culpó al mandatario de intentar destituirla.
La vicepresidenta ecuatoriana insinuó que la detención de su hijo Barreiro se debe a un plan para que no ocupe la Presidencia de la República cuando Noboa tenga que entregársela para hacer campaña electoral si se nomina para los comicios de febrero de 2025.
Según refiere el fiscal anticorrupción Carlos Alarcón, Barreiro pidió diezmos a una persona por trabajar como coordinador de Comunicación de la Vicepresidencia de la República desde que su madre asumió ese cargo.
El magistrado detalló además que, el acusado y otra persona identificada como Sebastián Redrobran, asesor de la Vicepresidencia, habrían solicitado mil 700 dólares mensuales del salario de un exfuncionario, que era de tres mil 200 dólares, y le hicieron firmar una letra de cambio por 30 mil dólares como garantía para cumplir el acuerdo.
El pasado 8 de diciembre, la vicepresidenta Abad viajó a Israel para desempeñarse como embajadora extraordinaria y plenipotenciaria en Tel Aviv y colaboradora para la paz, según la orden de Noboa, nombramiento que cuestionó la funcionaria y diversas organizaciones políticas y de derechos humanos.
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