La primera de esas normas fue cuestionada por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) por restringir un derecho constitucional y la segunda por el coordinador de las fiscalías de lucha contra el crimen organizado, Jorge Chávez.

Un comunicado del JNE planteó que el Gobierno Central observe la ley que, según sus promotores, busca fortalecer a los alicaídos partidos políticos nacionales a costa de eliminar a los movimientos regionales que los eliminaron en ese nivel de comicios.

“La eliminación de los movimientos regionales supone una afectación injustificada al ejercicio del derecho a la participación política” y vulnera la Constitución, que recoge ese derecho y su ejercicio en forma individual o asociada y en cualquier tipo de organización política vigente, señala el pronunciamiento del JNE.

Tras abundar en argumentos jurídicos, el comunicado señala que siete mil 129 de 12 mil 956 autoridades regionales y municipales electas provienen de movimientos regionales, lo que demuestra su legítimo respaldo ciudadano.

Exhorta al Congreso a reconsiderar la ley de reforma constitucional que elimina a esos movimientos y plantea mantener con ello “un sistema político inclusivo, plural y representativo. que fortalezca la democracia y respete la voluntad popular en su diversidad”.

El tribunal electoral ha observado además una ley aprobada semanas atrás que elimina la obligación de paridad y alternancia en las fórmulas de candidatos a la presidencia y a dos vicepresidencias y en las de elecciones de gobernadores regionales, lo que motivó protestas de organizaciones feministas que la consideraron un retroceso.

Por otra parte, el fiscal Chávez dijo que una ley que aumenta los requisitos para considerar organizaciones criminales a los grupos de delincuentes y para los allanamientos de las viviendas de los investigados, favorece a la delincuencia organizada.

Señaló que advirtió a los conhgresistas que, de aprobarse esa norma «lo mejor sería que cierren la policía y dejar el país en manos de la delincuencia, porque esta norma favorece al crimen organizado”.

Criticó el artículo de la ley que determina que los allanamientos de viviendas de investigados se haga en presencia del indagado y de su abogado, lo que elimina el factor sorpresa y permite, añadió, que el delincuente elimine las pruebas cuya búsqueda motiva la operación.

Señaló que las operaciones contra esas organizaciones usualmente, tras complejas investigaciones, conllevan allanar decenas de casas y, por ser sorpresivas, muchos de los objetivos no tienen abogados, lo que hará imposible registrar sus casas.

La controvertida norma está pendiente de una segunda votación, debido que en la primera solo votaron por su aprobación aproximadamente un tercio de los legisladores.

Chávez señaló que, al mismo tiempo, la mayoría congresal proyecta afectar las atribuciones de los fiscales al empoderar a la policía para encargarse de las investigaciones

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