En su 33 reunión ordinaria, el Consejo debatió una propuesta de normativa destinada a prevenir y controlar los delitos de lavado de dinero y financiación del terrorismo. La declaración precisó que la legalización del producto del crimen y el financiamiento de ese flagelo representan una amenaza a la seguridad.

Asimismo, socavan la estabilidad, la transparencia, la salud y la eficiencia del sistema financiero, de ahí la necesidad de una proclama para prevenir y controlar este delito.

La Oficina del primer ministro informó también sobre el proyecto de ley para modificar la Proclamación del Código Electoral, de Registro de Partidos Políticos y de Conducta Electoral de Etiopía.

Reconoció que la proclamación vigente no tenía un sistema que permitiera a los grupos políticos que operaron fuera del movimiento político legal registrarse oficialmente cuando expresaran su deseo de funcionar pacíficamente.

El proyecto de enmienda a la ley discutido esta jornada busca establecer un mecanismo que permita el registro de esas agrupaciones políticas.

Otro punto de la agenda fue la evaluación de la Proclama de devolución de propiedades de Etiopía y, en este caso, la fuente recalcó la necesidad de preparar un marco legal claro y detallado que permita la incautación, congelamiento, confiscación o administración efectiva de propiedades y dinero obtenidos mediante delitos.

Con ese propósito se elaboró un proyecto de proclamación para consolidar las disposiciones sobre devolución y administración de propiedades dispersas contenidas en varias leyes en una única normativa integral para crear un sistema que permita su implementación, añadió.

Por último, el Consejo analizó la propuesta para regular el sistema de comercio de productos petrolíferos teniendo en cuenta la importancia económica y social de ese renglón y la necesidad de controlar su suministro, disponibilidad, distribución, precios, calidad y seguridad.

También demanda el establecimiento de una cadena de suministro y un sistema operativo modernos, eficientes, transparentes, justos y accesibles desde los importadores hasta los consumidores, subrayó la Oficina.

Todos los proyectos de ley recibieron el visto bueno y remitidos a la Cámara de Representantes del Pueblo (parlamento) para su aprobación.

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