El Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de la Libertad (SNAI), entidad a cargo de las prisiones, informó este viernes que “trabaja en la etapa precontractual para adjudicar el contrato para el servicio de provisión de alimentos en la División Territorial 3”.
Esa zona incluye a la provincia de Guayas, donde está ubicada la Penitenciaría del Litoral, la más grande del país.
El SNAI también indicó que en coordinación con distintas instituciones públicas implementan medidas para cumplir y garantizar la alimentación de acuerdo a la normativa legal vigente.
Algo similar comunicó la entidad el pasado 17 de mayo en referencia a las cárceles ubicadas en la División Territorial 1 (abarca las provincias de Esmeraldas, Santo Domingo, Carchi, Imbabura, Pichincha, Cotopaxi, Sucumbíos y Napo), que desde fines de abril no cuenta con ese servicio.
La problemática se agravó luego de que la compañía Lafattoria, la cual proveía de alimentos a una parte de las penitenciarías del país y también se ocupaba de abastecer el desayuno escolar, fue suspendida como proveedora del Estado.
El Gobierno del presidente Daniel Noboa solicitó a la Fiscalía General una investigación a esa firma y la acusó de tener vínculos con el narcotráfico, algo que la empresa niega.
En medio de protestas de familiares de los reclusos por la falta de comida, el 2 de mayo pasado un tribunal dictaminó que en un plazo máximo de 15 días el Ministerio de Finanzas debía entregar los recursos económicos al SNAI para restituir con normalidad la alimentación.
Sin embargo, ese plazo se cumplió y los reos se alimentan de donaciones y entregas de sus parientes y otras instituciones.
El activista Fernando Bastias, del Comité Permanente de Defensa de los Derechos Humanos, catalogó la situación como una “política de muerte” y “tortura”.
Por su parte, la Defensoría del Pueblo reportó 24 muertes dentro las prisiones que hoy permanecen bajo control militar y pidió al Gobierno ejecutar acciones urgentes para la garantía y protección de derechos de las personas privadas de libertad.
La Defensoría señaló que uno de los reos fallecidos tenía signos de desnutrición, algo que podría ser consecuencia de la falta de provisión de alimentos.
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