En declaraciones al canal Ecuavisa, la vicemandataria reiteró que su vinculación con ese caso, que involucra a su hijo Francisco Barreiro, “no tiene sustentos”.

Para Abad, todas esas acciones responden a una persecución por parte del Gobierno para evitar que ella asuma la Presidencia cuando el mandatario Daniel Noboa tenga que entregársela para hacer campaña electoral para las elecciones de 2025.

Hoy en día está en juego mi nombre de madre, queriéndome vincular con información que desconozco y llamándome a través de un fiscal, dijo.

La pasada semana, Abad se ausentó por segunda ocasión ante el llamado de la Fiscalía para rendir su versión sobre un presunto tráfico de influencias.

El abogado de la segunda jefa del Ejecutivo, Oswaldo Trujillo, mencionó que Abad no se presentó ante la institución judicial porque ella no había sido notificada oficialmente.

Trujillo denunció además, que la Fiscalía tampoco especificó en qué calidad fue convocada la vicepresidenta, como testigo o sospechosa.

El pasado 21 de marzo, la Fiscalía del país andino ejecutó varios allanamientos en las ciudades de Quito y Cuenca, como parte del denominado caso Nene, que investiga el presunto delito de tráfico de influencias en la Vicepresidencia de la República.

Barreiro, el mayor de los tres hijos de Abad, fue el único aprehendido en el operativo y llevado a la cárcel de máxima seguridad La Roca, de donde salió el 7 de mayo, tras recibir autorización para responder en libertad al caso luego del pago de una fianza de 20 mil dólares.

Recientemente, Abad responsabilizó al presidente Noboa por el arresto de su hijo y culpó al mandatario de intentar destituirla.

Según refiere el fiscal Anticorrupción Carlos Alarcón, Barreiro pidió diezmos a una persona por trabajar como coordinador de Comunicación de la Vicepresidencia de la República desde que su madre asumió ese cargo.

El pasado 8 de diciembre, la vicepresidenta Abad viajó a Israel para desempeñarse como embajadora extraordinaria y plenipotenciaria en Tel Aviv y colaboradora para la paz, según la orden de Noboa, nombramiento que cuestionó la funcionaria y diversas organizaciones políticas y de derechos humanos.

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