De cara a la toma de posesión, el venidero 1 de julio, se espera que las nuevas autoridades conozcan detalles de una de las esferas más controversiales, sobre todo por la deuda acumulada que supera los 50 mil millones de dólares.
De otra parte, organizaciones sociales y diputados independientes como Juan Diego Vásquez han criticado el manejo ineficiente de los presupuestos del Estado en la administración de Laurentino Cortizo ( 2019-2024).
En ese sentido, citan excesivas partidas discrecionales, plantillas abultadas, falta de transparencia y el despilfarro de los recursos públicos, sobre todo en la Asamblea Nacional (Parlamento).
Otro de los desafíos es que a inicios de este año, la calificadora de riesgo Ficht Ratings también redujo el grado de inversión al país centroamericano debido al alto déficit fiscal y el deterioro institucional.
Fitch indicó en un comunicado que Panamá tiene la particularidad de exhibir altas tasas de crecimiento, pero no se reflejan en un aumento de los ingresos tributarios porque hay una alta evasión fiscal promovida en parte por un cúmulo de exenciones de impuestos en sectores estratégicos.
El ministro designado de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, quien asumirá funciones desde julio próximo, adelantó a la prensa que lo más urgente será la ejecución del presupuesto en la segunda mitad del año.
“Es fundamental entender bien el estado actual de los ingresos y qué podemos esperar de los gastos. Como decimos en buen panameño, se trata de cuadrar el círculo, es decir, cómo asignamos el dinero escaso de la manera más efectiva. Debemos tomar decisiones claves sobre la asignación de recursos limitados”, remarcó.
Chapman también estimó la necesidad de concentrarse en trabajar en el presupuesto para el año 2025, el primero que podrá delinear en un 100 por ciento y desarrollar un plan quinquenal para las finanzas públicas.
“Estas son, sin duda, las tareas más apremiantes que tenemos por delante”, dijo, reconociendo que el país debe cambiar de estrategias cortoplacistas a fijar políticas de continuidad, independientemente de quién gobierne.
La víspera comenzó por el Ministerio de Seguridad el proceso de transición para el cambio de Gobierno.
En la reunión, Mulino, quien estuvo acompañado del ministro designado de Seguridad, Frank Ábrego, aseguró que le ha dicho a su equipo de trabajo que solicite la mayor información que puedan para que tomen las mejores decisiones.
Este sector es una de las piedras angulares que deberá resolver el próximo quinquenio, debido a que entre la población existe una percepción de inseguridad, y piden que este tema sea tomado con seriedad para devolver la tranquilidad a las comunidades.
Otro tema en materia de seguridad que deberá enfrentar este nuevo gobierno es el auge de la migración irregular a su paso por la selva de Darién rumbo a Estados Unidos
Mulino ha dicho en primera instancia que cerrará la frontera y posteriormente repatriarán a los viajeros ilegales, aunque evitó responder si este será un tema a abordar en una reunión con el presidente colombiano, Gustavo Petro, quien visitará Bocas del Toro el próximo fin de semana.
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