Según estadísticas oficiales, alrededor de 2,4 millones de migrantes trabajan en la cosecha de frutas y verduras en territorios de la UE; pero en realidad podrían ser mucho más, señalaron los investigadores del Instituto Universitario de Estudios sobre Migraciones (IUEM) de la Universidad Pontificia Comillas y de Oxfam Intermón.

En su informe “Esenciales pero invisibles y explotados”, los analistas argumentaron los migrantes “se han convertido en un elemento estructural de la cadena agroalimentaria, y eso significa que los abusos que sufren son igualmente estructurales”.

El investigador Carlos Ruiz, de Oxfam Intermón y coautor del documento, explicó que en los nueve países examinados, con excepción de Finlandia, ellos reciben remuneraciones inferiores al salario mínimo y las mujeres suelen recibir los pagos más bajos.

Pese al rol estructural que cumplen en el sostenimiento de la producción agroalimentaria europea, son un colectivo sometido sistemáticamente a lógicas de explotación, sintetizó el experto Yoan Molinero del IUEM-Comillas.

Los casos de abuso, incluido el abuso sexual, las técnicas de intimidación y la violencia en respuesta a las huelgas son comunes en el sector agroalimentario de la UE, concluyó la investigación.

Asimismo, constató que los trabajadores con permisos temporales o en situación irregular enfrentan mayores riesgos de explotación: el caso más extremo registrado durante la pesquisa fue el de jornaleros tailandeses que trabajan en Suecia entre 12 y 19 horas seis días a la semana.

Al decir de la fuente, otros factores agravantes de la precariedad laboral son las extorsiones de intermediarios, el trabajo a destajo, las condiciones de alojamiento y las imposiciones de mayoristas o supermercados.

Hay trabajadores, ejemplificó, que viven en asentamientos marginales improvisados, carentes de agua corriente, electricidad, calefacción y recogida de residuos y donde existe riesgo de enfermedades e incendios, ya sean accidentales o provocados.

En general, el aislamiento al cual son sometidos dificulta que las personas trabajadoras conozcan la lengua o la sociedad locales, eso implica mayor vulnerabilidad frente al control ejercido por parte de los empleadores, acota el texto.

También las indagaciones permitieron documentar casos de trabajadores envenenados por el uso de productos fitosanitarios, aseguró Oxfam Intermón.

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