“Tomo esta difícil decisión pues el esfuerzo continuo de criminalizar mi labor ha tenido como una de sus consecuencias que, de forma arbitraria, se me niegue la posibilidad de reincorporarme a mis labores”, señaló mediante un comunicado.

Ello como una especie de pena anticipada, acotó en el texto la exjefa de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) con sede en el sur occidental departamento de Quetzaltenango, segundo en importancia de este territorio centroamericano.

Me siento orgullosa de la labor que realicé, desde mis inicios como pasante, hasta las complejas investigaciones en contra de estructuras del crimen organizado que tuve el privilegio de liderar, subrayó Laparra.

En el texto se solidarizó “con las decenas de colegas que han sido perseguidas por hacer su trabajo con igual dedicación y dignidad; y con los cientos de fiscales que han sufrido hostigamiento o han sido destituidas por mantenerse firmes en sus principios”.

La ciudadanía guatemalteca sufre actualmente –denunció- las consecuencias de una fiscal general (Consuelo Porras) que abandonó su deber de procurar justicia y ha convertido al MP en un instrumento de venganza al servicio de intereses corruptos y mezquinos.

“Termino un capítulo de mi vida como fiscal de carrera, con alegría y orgullo, a pesar de los reiterados esfuerzos de quebrarme y pisotearme”, apuntó, y aseguró continuará con su vida profesional por otras rutas, pero siempre dedicándose a construir un mundo más justo.

La fiscal permaneció en prisión por casi dos años y el pasado Día Internacional de la Mujer recibió una medalla y una plaqueta con la Orden a la Excelencia Laboral de manos del presidente del país, Bernardo Arévalo.

“Hoy reconocemos a Virginia Laparra por su valentía y compromiso en esa lucha contra la corrupción. Su labor ha sido fundamental para asegurar el acceso a la justicia y garantizar los derechos de las mujeres”, remarcó el mandatario.

La abogada, de 44 años, recobró su libertad el 4 de enero último tras ser condenada a cuatro años de cárcel, y enfrenta un segundo juicio que organizaciones internacionales califican de persecución en su contra.

Más de 20 operadores de justicia, periodistas, entre otros, se vieron forzados a salir de Guatemala por casos fabricados y denuncias sin sustento como represalia por la independencia a la hora de investigar a personas relacionadas con élites políticas, económicas, militares y estructuras criminales.

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