La policía indicó que su postura de tolerancia cero ya está en pleno vigor y procederá sin contemplaciones contra quienes decidieron mantener en sus manos los armamentos.
Según adelantó, durante el período de gracia que se extendió del 1 de marzo hasta el 31 de mayo pasado se recuperaron en país 325 arfectos mortales de distintos tipos y calibres, entre pistolas, revólveres y municiones.
En los próximos días, las autoridades ofrecerán más detalles sobre la amnistía y las medidas que están en marcha para frenar la criminalidad en el territorio caribeño.
Recientemente el primer ministro y también titular de Seguridad Nacional del país, Ralph Gonsalves, dijo que su gobierno aplicará todo el peso de la ley en los casos y delitos cometidos con armamentos.
Urgió a las madres y mujeres de familia a persuadir a los miembros de cada hogar de entregar las municiones o artículos letales en su poder, tras adelantar que la pena en prisión por la tenencia ilegal pasará de 18 meses a cuatro años de privación de libertad.
Igualmente, instó a los hombres jóvenes a apostar por un futuro mejor, alejarse de la violencia y convertirse en individuos de bien que aporten al desarrollo del país, en vez de recurrir al crimen a mano armada.
San Vicente y las Granadinas ofreció a la población la oportunidad de entregar armanentos sin licencia ante la policía, centros religiosos, abogados, políticos o profesores, sin riesgo de sanciones.
Mientras duró la iniciativa, las autoridades tampoco abrieron indagatorias ni añadieron la tenencia ilícita de pertrechos a los antecedentes legales de las personas que voluntariamente los llevaron a los sectores designados.
El país se plantea así neutralizar el preocupante alza de delitos y muertes con armas en sus calles.
De esa manera sigue los pasos de otras naciones del Caribe como Granada, San Cristóbal y Nieves, Anguila, Jamaica y Bahamas, que igualmente endurecen sus legislaciones y declaran la guerra a un flagelo que a diario enlutece a decenas de familias y eleva la inseguridad en la zona.
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