El informe, que fue aprobado este sábado por la comisión multipartidista conformada para elaborar las normativas, contiene 24 artículos que incluyen reformas para el endurecimiento de penas y las condiciones para aplicar la extinción de dominio.

En el debate de este lunes, los legisladores podrán hacer aportes y recomendaciones a la propuesta y el documento regresará a la comisión para prepararlo para el segundo debate.

Durante los últimos días, la comisión multipartidista escuchó también los criterios de académicos respecto a los temas aprobados en el proceso consultivo y que deberán legislarse.

Entre ellos está el incremento de las penas para terrorismo, producción y tráfico ilícito de drogas, delincuencia organizada, asesinato, sicariato, trata de personas, secuestro extorsivo, tráfico de armas, lavado de activos y actividades ilícitas de minería.

Para esos delitos, las sanciones sugeridas por el presidente Daniel Noboa duplican las establecidas en el Código Orgánico Integral Penal vigente.

Asimismo, deberá quedar legislado el cumplimiento total de las penas de las personas privadas de la libertad dentro de las cárceles, establecer como delito la tenencia o porte de armas y destinarlas junto a explosivos y otros artefactos utilizados en delitos a la Policía o Fuerzas Armadas.

La Asamblea también abordará cambios a la Ley Orgánica de Extinción de Dominio para facilitar que el Estado pase a ser propietario de bienes de origen ilícito o injustificado.

Si bien esos temas serán debatidos y los asambleístas de la comisión multipartidista pueden ajustarlos, en su esencia no pueden ser rechazados porque son derivados de la consulta popular, es decir, ya los ecuatorianos le dieron el visto bueno en las urnas.

Todo el proceso, incluida la discusión en el plenario de las propuestas en dos debates, deberá concluir antes del 4 de julio venidero.

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