En un comunicado, la organización sindical denunció que, pocos días después de la movilización del movimiento Ni Una Menos, el Ejecutivo anunció el cierre de la Subsecretaría de Protección Contra la Violencia de Género.

Dicho organismo pertenecía al Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, creado durante la gestión del expresidente Alberto Fernández y cuya disolución fue comunicada por La Libertad Avanza.

La CTA expresó su solidaridad con los cientos de trabajadores que serán despedidos y recordó que cada empleo perdido es una política que deja de aplicarse y una familia entera que se queda sin ingresos.

Más de 15 mil asalariados de la administración pública fueron expulsados desde la asunción de Milei. El rol de ellos es garantizar nuestros derechos. Sin trabajadores no hay Estado, añade el texto.

Además, indica que “los programas para el abordaje de la violencia, la promoción de la igualdad, la aplicación de la Ley Micaela (establece la capacitación obligatoria para los funcionarios), la del Cupo Laboral Travesti Trans y la de Identidad de Género, entre otras, son imprescindibles y vitales”.

Desfinanciar la asistencia y protección a las personas en este contexto de crisis social, económica, ocupacional y habitacional, mientras los discursos de odio, la discriminación y el ataque a la diversidad son amplificados desde el Gobierno, pone en riesgo la vida de los ciudadanos e implica el abandono de la responsabilidad de proteger los derechos humanos, agrega la CTA.

Asimismo, señala que, por primera vez desde 1992, el país se encuentra sin un organismo responsable de la ejecución de políticas que promuevan la igualdad, vidas libres de violencia y discriminación.

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