El proceso identifica incluso a los autores por omisión (los mandos) de las muertes registradas en la región andina de Ayacucho y a los uniformados que dispararon a los manifestantes inermes.
Así lo indican los fundamentos de la decisión del Ministerio Público de formalizar el ingreso a la etapa de investigación preparatoria, previa al juicio.
Según el diario La República, la nómina de indagados la encabeza quien fuera jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, general (actualmente en retiro) Manuel Gómez de la Torre, quien en declaraciones periodísticas ha negado cualquier responsabilidad y alegado que los militares solo aplicaron los procedimientos previstos.
En la lista de investigados figuran también el jefe del Estado Mayor Operativo de la Segunda Brigada de Infantería de Ayacucho, Luis Vivanco Palomino, y el comandante de la Segunda Brigada de Infantería de Ayacucho, Jesús Vera.
También los jefes de patrullas que actuaron contra los manifestantes que protestaban contra al ascenso a la presidencia, por sucesión, de la mandataria Dina Boluarte: Víctor Grados, Víctor Calderón, César Vivas, Jherson Murga, Carlos Montalvo, Helber Martínez, Alexis Puma, Juan García, Edwin Jamjachi, Giácomo Ayaqui y Jhonatan Ochoa.
Asimismo el coronel Luis Vivanco y el jefe de la Policía Nacional de la región de Ayacucho, general Ántero Mejía, además de capitanes, tenientes, suboficiales y soldados.
La Asociación de Familiares de los Asesinados y Heridos del 15 de diciembre del 2022 en Ayacucho, destacó el logro y reconoció el papel destacado en las investigaciones que cumplió la tesonera fiscal Mirela Coronel Molero, integrante del Equipo Especial de Fiscales para Casos con Víctimas durante las Protestas Sociales.
El Ministerio Público declaró compleja la investigación, por lo que está tendrá un plazo de ocho meses eventualmente prorrogables.
La fiscal Mirela Coronel tiene como hipótesis de investigación que los indagados presuntamente cometieron los delitos de homicidio calificado, lesiones graves y abuso de autoridad, en el contexto de protestas sociales.
Da cuenta además de obstáculos de las autoridades investigadas a entregar información y a comparecer y declarar ante la Fiscalía, además de falta de colaboración de las instituciones estatales.
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