Con 75 votos afirmativos, 38 negativos y 20 abstenciones, el Parlamento aprobó la moción presentada por la asambleísta Gissela Molina, para negar el enjuiciamiento penal contra Abad.

Molina recordó que el Legislativo no puede convertirse en el punto mediador para que el presidente y la vicepresidenta de la República resuelvan sus problemas personales de afecto y desafecto, enfatizó.

La legisladora advirtió además que el caso de Abad puede sentar un pésimo precedente sobre la participación de las mujeres en la política.

“El nivel de violencia ahora es Verónica Abad y mañana puede ser en contra cualquiera de nosotras», alertó.

De igual manera, el Pleno negó la moción para permitir la vinculación de la vicemandataria al denominado Caso Nene, en el que es investigado su hijo Francisco Barreiro.

Para ello, se necesitaban 92 votos a favor y solo hubo 41 por parte de la bancada oficialista Acción Democrática Nacional (ADN), mientras que el movimiento Revolución Ciudadana y del Partido Social Cristiano (PSC) dieron 74 votos en contra.

Asimismo, los asambleístas votaron a favor de mantener la inmunidad de la vicepresidenta a quien la Fiscalía pretendía procesar por el delito de concusión.

La víspera, los asambleístas ecuatorianos cuestionaron el procedimiento con que se pretendía enjuiciar a Abad.

Para la vicepresidenta del Parlamento y miembro de la RC, Viviana Veloz, este caso podría ser un distractor más del gobierno. “El responsable de haber elegido equivocadamente a su binomio es el presidente”, enfatizó.

“Hemos visto persecución del presidente contra la vicepresidenta”, denunció por su parte la legisladora del movimiento Pachakutik Mariana Yumbay.

Según el artículo 120 de la Constitución, una de las atribuciones del Legislativo es autorizar o no, con la votación de las dos terceras partes de sus integrantes, el enjuiciamiento penal del presidente y la vicepresidente de la República.

De acuerdo con el fiscal Carlos Alarcón, realizaron varias diligencias y determinaron la presunta participación de Abad en una supuesta trama de tráfico de influencias en la Vicepresidencia de la República.

No obstante, para Abad, todas esas acciones responden a una persecución del Gobierno para evitar que ella asuma la presidencia cuando el mandatario Daniel Noboa tenga que entregársela para hacer campaña ante una eventual candidatura en las elecciones de 2025.

Desde el pasado mes de diciembre, la vicepresidenta se encuentra en Israel por orden de Noboa para desempeñarse como embajadora en Tel Aviv y colaboradora para la paz.

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