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miércoles 17 de julio de 2024
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Persiste pulseada tica entre Ejecutivo y Legislativo sobre referendo

San José, 14 jun (Prensa Latina) El pulso vigente hoy entre el Ejecutivo y el Legislativo costarricenses sobre la insistencia del Gobierno en celebrar un referendo con temas de interés oficial podría dirimirse en una sesión parlamentaria sobre la propuesta el 25 de junio.

La Asamblea Legislativa (parlamento) fijo esa fecha este jueves de forma tentativa para votar sobre la solicitud acerca de la consulta popular presentada con insistencia por el presidente Rodrigo Chaves durante las últimas semanas, asegura el canal Teletica.

Los jefes de las diferentes fracciones convinieron en ese día para debatir la solicitud de consulta popular presentada días atrás por el Gobierno sobre temas de su interés que causan discrepancias entre los legisladores.

El punto principal entre los vinculados a la votación mediante el controvertido referendo es la llamada «Ley Jaguar para Impulsar el Desarrollo de Costa Rica», propuesta por el jefe de Estado, y motivo de discusiones entre los miembros de la Asamblea Legislativa sobre su contenido y la ruta a seguir, añade la televisora.

Las principales contradicciones originadas por esa iniciativa entre los diputados radica en que su texto está centrado, “casi por completo», según sus detractores, en limitar las competencias y funciones de la Contraloría General de la República.

El debate previsto para el 25 de junio y la fecha en cuestión –señala Teletica- dependerá del análisis que haga el presidente del Congreso, Rodrigo Arias, respecto a posibles precisiones sobre el proyecto por instancias como la Sala Constitucional y el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).

Arias opinó que la consulta ante ese último órgano debiera ser después de que el Plenario tomara una decisión, mientras el máximo tribunal electoral decidiría si envía el proyecto o no a la Sala Constitucional.

El legislador Rubén Hernández, por su parte, insistió en que en todos esos órganos existen criterios respecto a que son inconstitucionales los proyectos de reforma a la Ley Orgánica de la Contraloría General que incidan en su fiscalización.

“Lo que tenemos que ofrecer –subrayó- es un pase de admisibilidad, no es un +estudio para poderla cambiar, reformar o adicionar, eso no puede hacerse. Precisamente el origen del referendo es que esto (el proyecto) se le envíe al pueblo y sea este el que determine”.

La única diputada que ya adelantó su voto –destaca Teletica- es la liberacionista Andrea Álvarez, quien este jueves hizo público su rechazo a la consulta popular, al aducir severos cuestionamientos de constitucionalidad.

“El proyecto es lamentable y decepcionante, pues no incide en la calidad de vida de los costarricenses. Esperaba que sometieran a la voluntad popular temas de impacto en la seguridad, economía, vivienda y otros aspectos que siguen pendientes de resolverse.

Lo propuesto –subrayó Álvarez- “es una venganza contra las instituciones que evitan, hoy por hoy, que los corruptos se roben la plata y cometan actos irregulares”.

Los debates sobre la “Ley Jaguar” del ejecutivo llevan unas dos semanas en el escenario legislativo tico, signados por fuertes cuestionamientos de personalidades como la propia Contralora General de la República, Marta Acosta Zúñiga, quien el 5 de junio la emprendió contra el proyecto.

“La iniciativa del Poder Ejecutivo –expresó en un comunicado- desmantela las competencias y funciones constitucionales y legales de la Contraloría General; suprime ámbitos de control y restringe sus funciones en detrimento de la protección de los fondos públicos que le pertenecen a todos los costarricenses».

mem/apb

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