En una conferencia de prensa, al dar a conocer los resultados de dos encuestas, la futura jefa de Estado añadió que más del 59 por ciento quiere que haya una elección directa de los magistrados.

Explicó que se trata solo de unas encuestas de su partido Morena, pero a partir de estos resultados propuso abrir el diálogo y los debates en torno a este tema.

La reforma judicial presentada por el gobierno del presidente saliente Andrés Manuel López Obrador tiene entre sus puntos, que los integrantes de la judicatura federal sean removidos de sus cargos y sustituidos por quienes resulten ganadores en una elección por voto popular.

En detalles, la polémica iniciativa propone que vayan a elección los cargos de ministros de la Suprema Corte de Justicia, consejeros del Consejo de la Judicatura Federal, magistrados del Tribunal Electoral Federal, magistrados de circuito y jueces de distrito.

Serían en total más de mil 600 cargos judiciales elegidos por votación, cuya primera elección sería en junio de 2025.

La propuesta acogida por la futura mandataria, pero quien aboga por someterla al diálogo previo, propone entre otros aspectos, crear un órgano de administración judicial y un Tribunal de Disciplina Judicial con facultades para sancionar a todos los miembros de la judicatura, incluidos los ministros.

Asimismo, eliminar las dos salas del Supremo, en las que se despachan asuntos en materias civil y penal y administrativa y laboral, para que todo se resuelva en el pleno.

Propone una Suprema Corte integrada por nueve ministros, en lugar de los 11 actuales, quienes estarían en el cargo 8, 12 y 14 años, en función de la votación que obtengan en las urnas.

Acota que los candidatos a ministros deberán tener un título de licenciatura en Derecho, con 10 años de antigüedad y no haber sido funcionarios federales, además que los actuales ministros no podrán postularse.

El nuevo Tribunal de Disciplina Judicial estará integrado por cinco magistrados, quienes ocuparán el cargo por seis años, y podrá investigar y sancionar a jueces por corrupción, tráfico de influencias, nepotismo, complicidad o encubrimiento de presuntos delincuentes, o cuando sus sentencias no se ajusten a principios de objetividad, imparcialidad, independencia, profesionalismo o excelencia.

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