La audiencia fue anunciada por la organización Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Demus), que otorgó patrocinio legal a las nueve víctimas que se decidieron a denunciar el crimen , una de las cuales murió sin recibir justicia.

Demus exigió una sentencia condenatoria “que garantice el derecho a la verdad histórica que debe conocer la ciudadanía peruana” sobre los abusos cometidos durante el llamado conflicto armado, cuando se estableció una base contrainsurgente en Manta.

La directora de Demus, Cynthia Silva, declaró que la sentencia debe ser “un hito histórico en el acceso a la justicia de las mujeres víctimas de violencia sexual en contextos de conflicto armado”.

El fallo, añadió, debe garantizar el derecho a la verdad de hechos vividos cuando los militares cometieron un crimen de lesa humanidad al usar la violencia sexual contra la población civil, especialmente campesina y pobre, acusada de subversión.

La condena, según Demus, sería la primera en Sudamérica referida a un caso grupal de violencia sexual durante un conflicto armado y tuvo como víctimas a mujeres desde los 13 años de edad.

Las víctimas sufrieron secuelas traumáticas y maternidades forzadas por violencia sexual y, las nueve que lograron llevar adelante procesos judiciales, fueron revictimizadas con acusaciones de haber consentido relaciones con los militares.

Las violaciones fueron denunciadas en 2007 ante la Fiscalía de Huancavelica pero recién en 2016 se inició el juicio oral que se quiebra poco después para reabrirse en marzo de 2019 y las víctimas y su defensa legal esperan que la justicia establezca un precedente para que crímenes como el perpetrado no se repitan.

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