El proyecto de ley sobre esa consulta popular presentado ante la Asamblea Legislativa junto a la llamada Ley Jaguar para Impulsar el Desarrollo de Costa Rica representa un perjuicio económico para la Hacienda Pública, añadió en una declaración a la prensa la Contralora General de la República, Marta Acosta Zúñiga.
La iniciativa –añade el texto- pretende eliminar competencias esenciales que la Constitución otorga a la Contraloría, a las auditorías internas y a la propia Asamblea Legislativa.
Según Acosta, cuando el fiscalizado, en este caso el Poder Ejecutivo, pretende diseñar el modelo de control que se le aplicará, escoge justamente uno que sea débil y con menor alcance.
La Contralora advirtió acerca de «enormes huecos» que podrían perjudicar el control de los fondos públicos.
El proyecto –aseguró- afecta más allá de la contratación de obra pública, ya que la Asamblea Legislativa también perdería herramientas cruciales de control político proporcionadas ahora por la Contraloría.
De acuerdo con Acosta, “la situación es peor de lo que parece, va más allá de los temas de contratación de obra pública, porque hasta la misma Asamblea Legislativa perderá insumos de control político que recibe actualmente de la Contraloría General.
La ley –alertó- le quitaría a dicha instancia funciones sustantivas, mientras “el ejecutivo le impondría el tipo de controles que podrá realizar su propio órgano auxiliar, una invasión de las potestades legislativas y una abierta intención de minimizar dicha auxiliaridad».
El proyecto, además, podría eliminar los controles preventivos, como la aprobación presupuestaria y el refrendo de contratos públicos, establecidos por la Constitución, reflexiona la Contralora.
Las declaraciones de Acosta coincidieron con las del economista Ottón Solís Fallas, quien observó «un dejo de improvisación” en el proyecto propuesto semanas atrás por el presidente Chávez a la Asamblea Legislativa.
La consulta popular –argumentó el analista en un artículo en el diario La Nación- carece de “una partida presupuestaria para financiar su ejecución, lo cual preocupa por sí mismo”.
El también excandidato presidencial señaló, además, que el proyecto de consulta popular “restringe normas legales creadas con el fin de garantizar el buen uso de los recursos públicos”.
Por su parte, el canal local Teletica aseguró que la idea sobre el referendo del presidente Chaves enfrenta «un engorroso procedimiento legal y estrictos y cortos plazos».
La propuesta del Ejecutivo sobre esa consulta popular, cuya esencia es reformar artículos constitucionales respecto a controles, fiscalización y potestades de la Contraloría General de la República, pasa por complejas vías para llevarla adelante, comentó la televisora.
El Legislativo acordó el jueves de forma tentativa el 25 de junio como fecha para votar sobre la controvertida solicitud de referendo presentada por el Ejecutivo.
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