La instancia fiscalizadora, que cuestiona también la llamada Ley Jaguar para el Desarrollo de Costa Rica, defendida junto a la consulta popular por el presidente Rodrigo Chávez, respondió así al intercambio oficial sugerido por este con la ministra de planificación, Laura Fernández.
Esta última titular fue emplazada por el mandatario para que sostuviera el diálogo directo con la Contralora, Marta Acosta, cuyo organismo es el principal afectado por las formulaciones anti-reguladoras de la Ley Jaguar, junto al proyecto de referendo que la acoge en su agenda.
La ministra de Planificación se mostró públicamente contrariada ante la ausencia del encuentro entre ambas ejecutivas, mientras Chaves deslizó la idea de que Acosta lo rehuyó, luego de sus reiteradas diatribas contra el referendo y la Ley Jaguar.
“El debate sugerido sobre el referendo -subrayó la Contraloría en una declaración a los medios- se realiza en las instancias institucionales que corresponden: la Asamblea Legislativa, la Sala Constitucional y el Tribunal Supremo de Elecciones”.
La comunicación de esa instancia reguladora siguió a la decisión de la Asamblea Legislativa, a instancias de 22 parlamentarios, de someter a la Sala Constitucional el proyecto de referendo y la controvertida Ley Jaguar.
Los proponentes de los partidos Liberación Nacional, Unidad Social Cristiana, Liberal Progresista, Frente Amplio e independientes presentaron una consulta inscrita como “expediente 24.364”, cuya formulación es consustancial al referendo.
El jefe de la fracción liberacionista, Óscar Izquierdo, admitió que, aunque su bancada está a favor de la consulta popular, rehúsa “ser irresponsable» con una acción masiva que costaría al país tres mil millones de colones (unos cinco millones 750 mil dólares).
“Presentamos este recurso ante la Sala Constitucional –argumentó Izquierdo- porque tenemos serias dudas respecto al proyecto que el Gobierno quiere llevar a referendo, que plantea cambios sobre la eliminación de controles y disminuye la transparencia en la contratación pública”.
También el jefe de fracción del Frente Amplio, Antonio Ortega Gutiérrez, coincidió en que el referendo y su Ley Jaguar eliminarían las potestades de control y fiscalización de la Contraloría, cambiaría el modelo fiscalizador establecido por la Constitución, y abriría puertas a la corrupción.
La Sala Constitucional –según el canal Teletica- va a solventar si el proyecto es legal o no lo es, que es parte de las funciones de ese cuerpo.
El diario La República, por su lado, aseguró que “sin discutir ni un minuto, ni mucho menos votar sobre el referendo, los 22 diputados asumieron la determinación de acudir a la Sala IV para conocer la legalidad de la Ley Jaguar”.
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