El sitio de la Presidencia precisó que no se trata de una modificación amplia o profunda de la normativa, ni de una reintroducción del proyecto que había sido retirado con anterioridad.

Explicó que la reforma propuesta procura, exclusivamente, fortalecer la capacidad del Estado para proteger a niños, niñas o adolescentes que sean víctimas de esa práctica.

Señaló que el Estado impulsa esta acción en el marco de su compromiso constitucional de luchar contra una práctica tan denigrante e inhumana como la trata de personas, delito que lesiona derechos como la dignidad, igualdad, seguridad e integridad física de las víctimas.

Sostuvo que aunque es fundamental promover la modificación de dicho artículo en aras de fortalecer las medidas contra este delito, las diferentes instituciones del Estado y la sociedad que abordan ese tema, continúan trabajando para una eventual revisión integral de la norma, en un proceso de diálogo plural que permita el consenso social, académico y político.

De acuerdo con la misma fuente, el Gobierno no hace más que reconocer que es deber del Estado fortalecer las medidas legales, administrativas, jurisdiccionales, educativas, sociales, culturales o de otro tipo que se requieran, para que los encargados de aplicar la ley dispongan de acciones y procesos que garanticen sus respuestas frente a este flagelo.

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