El ente encargado de tomar decisiones de alto nivel legal estimó “inadmisible” la consulta suscrita por 22 diputados de partidos políticos relevantes acerca del denominado proyecto 24.365 de Ley jaguar para el desarrollo que el presidente Rodrigo Chaves quiere llevar a una consulta popular.
Los magistrados declararon en un comunicado que elevar dicho tema para que lo admita ese alto Tribunal Constitucional “incumple con los requerimientos previstos», aunque el texto omite precisar qué aspectos específicos fueron calificados de ese modo.
El comunicado argumenta, sin muchos detalles, el concepto de consulta facultativa, que aplica cuando un proyecto es aprobado en primer debate y 10 o más diputados lo someten a consulta, aunque la solicitud legislativa solo requería que la Sala definiera si se solicita o no el referendo.
“La resolución integral de este expediente –aclara el texto- está en redacción. Una vez que dicho proceso concluya y se notifique a las partes, se procederá a publicarla en el sitio electrónico del Poder Judicial, Nexus, para que cualquier persona interesada puede acceder a ella”.
El presidente de la Sala Constitucional, Fernando Castillo, explicó, por su parte, que “en este momento inicial procesal en que se encuentra el proyecto de ley los diputados todavía no pueden presentar este tipo de consulta y solicitarle a la Sala Constitucional que ejerza el control previo».
Los legisladores remitieron el miércoles a esa entidad la idea del referendo junto a la controvertida Ley Jaguar para la independencia de Costa Rica, lo cual dilató el proceso al anular, de forma automática, una votación el 25 de junio sobre esos asuntos aprobada por la Asamblea Legislativa.
La agrupación de 22 diputados que votaron para la remisión del documento al alto Tribunal, pertenecientes a las formaciones Liberación Nacional, Unidad Social Cristiana, Liberal Progresista, Frente Amplio e independientes, presentaron una consulta inscrita como “expediente 24.364”, cuya formulación es consustancial al referendo.
El jefe de la fracción liberacionista, Óscar Izquierdo, admitió que, aunque su bancada está a favor de la consulta popular, él y sus partidarios rehúsan “ser irresponsables» con una acción masiva que costaría al país tres mil millones de colones (unos cinco millones 750 mil dólares).
“Presentamos este recurso ante la Sala Constitucional –argumentó el legislador- porque tenemos serias dudas respecto al proyecto que el Gobierno quiere llevar a referendo, el cual plantea cambios sobre la eliminación de controles y disminuye la transparencia en la contratación pública”.
El texto elevado a consulta –explicó el diario Delfino- debería someterse a análisis de admisibilidad en el alto tribunal, cuya respuesta sería notificada mediante resolución a la Asamblea Legislativa.
Los debates previos a la determinación parlamentaria el 19 de junio de buscar consenso en la Sala Constitucional reflejaron las reacciones en contra de la propuesta, por parte de instituciones que ven lesionadas sus funciones, como la Contraloría General de la República, así como de varios diputados.
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