La reforma laboral, impulsada por el gabinete de Gustavo Petro, fue una de las iniciativas que resultó aprobada en un primer debate por la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, por lo que su discusión seguirá en el siguiente periodo a reiniciarse el 20 de julio.

Tras el receso de los congresistas, se retomará el análisis del proyecto que busca, entre otros aspectos, priorizar el contrato a término indefinido como regla en la contratación laboral, el aumento de la licencia de paternidad de dos a seis semanas y el pago del 100 por ciento por laborar en el día de descanso obligatorio.

No obstante, la iniciativa se aprobó tras haber sido sesgada por la eliminación de una veintena de artículos referidos a los derechos colectivos, motivo por el cual desaparecieron cuestiones asociadas al derecho a huelga, así como otros temas defendidos por las centrales obreras como la posibilidad de declararse en paro en las empresas de servicios públicos.

En comparación con el documento original, se esfumaron asuntos reconocidos como fundamentales por Fabio Arias, el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), la entidad sindical más grande de Colombia, por lo que a futuro no se descartan manifestaciones de inconformidad.

Justamente el desacuerdo de los maestros fue uno de los factores que influyó en el hundimiento a tan solo un debate de ser aprobada de la reforma educativa, una de las más grandes apuestas del Gobierno en materia de transformación social.

Si bien el gremio reconoció la intención de la iniciativa de regular la educación como un derecho fundamental, tras los consensos con bancadas de derecha para su aprobación en el primero de sus debates en el Senado, los maestros consideraron que esos fundamentos se distorsionaron.

Por esa razón, la Federación Colombiana de Educadores (Fecode) se declaró en paro nacional, realizó dos marchas en Bogotá y pidió el regreso del texto a su forma original por considerar que las modificaciones priorizaban un modelo privado de enseñanza, en detrimento del público.

Senadores de la coalición Pacto Histórico aseguraron que la reforma será nuevamente presentada en la siguiente legislatura y reconocieron un mal manejo de esta en el Congreso.

Una de estas figuras fue María José Pizarro, vicepresidenta del Senado, quien informó que la propuesta se quedó sin tiempo y reveló además a los medios que el hundimiento de la iniciativa obliga a insistir en la construcción de los consensos necesarios alrededor de ese derecho.

Justamente en su último día de sesiones, las plenarias del Senado y de la Cámara de Representantes aprobaron la ampliación del cupo de endeudamiento externo en 17 mil 607 millones de dólares, una de las solicitudes del Ministerio de Hacienda para evitar la cesación de pagos.

Los legisladores dieron asimismo su anuencia a la Ley Estatutaria de Jurisdicción Agraria, una norma que establece ejes claros para regular las actividades de producción, transformación, industrialización y comercialización de productos agrícolas.

Por otro lado, a solo dos debates de convertirse en ley de la República, en el camino quedó el proyecto que prohibía el fracking y otras prácticas no convencionales relacionadas con los combustibles fósiles en Colombia.

Según denunció la ministra de Ambiente, Susana Muhamad, la propuesta no avanzó porque el presidente de la Comisión Quinta no la puso a discusión, pese a que contaba con las ponencias.

La segunda legislatura del Congreso culminó el pasado 20 de junio tras jornadas agónicas en las que las propuestas del Gobierno batallaron contra maniobras de la oposición que incluían ponencias de archivo, falta de quorum y la presentación de cientos de impedimentos para dilatar las discusiones que ya iban contrarreloj.

Pese a esos obstáculos salió adelante la reforma pensional el pasado 14 de junio que, sin embargo, puede que aún tropiece con algunos otros escollos pues, aun después de aprobada, sectores de oposición dicen ahora que buscarán impugnarla ante la Corte Constitucional.

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