Deploró la actitud de quienes dicen “querer salvar a Bolivia”, sin tener en cuenta que con sus amenazas afectan no solo a la gran empresa y al productor sino también a las personas que viven al día”.
Advirtió que Bolivia no permitirá que intereses personales atenten contra la economía y recordó que el país y el Gobierno superaron los momentos más críticos “y hoy nos toca defender la democracia y la economía”.
Este sábado, la ministra de la Presidencia, María Nela Prada, denunció que existen planes de generar convulsión social en el país para acortar el mandato del presidente Luis Arce de cara a las elecciones generales de 2025.
Durante una conferencia de prensa en la Casa Grande del Pueblo, la titular señaló que los bloqueos que se están organizando pretenden también acortar el mandato de asambleístas nacionales y departamentales, gobernadores, alcaldes y concejales.
Asimismo, precisó que esas demandas no tienen que nada que ver con los magistrados del Poder Judicial ni con las leyes 073 ni 075 que buscan destituir a esas autoridades cuyo mandato constitucional concluyó el 31 de diciembre de 2023.
Aclaró que en realidad buscan darle un golpe a la economía, con el cerco a las ciudades y una asfixia a la producción, que apunta a desabastecer de combustible y alimentos a las familias bolivianas.
Prada reiteró que el diálogo siempre estará abierto para los sectores que busquen hacer conocer sus demandas, observaciones o sugerencias al gobierno.
Insistió en que ese debe ser el camino a tomar y no los bloqueos ni la asfixia económica.
La ministra fue enfática en la advertencia de que el Gobierno nacional no permitirá que los planes desestabilizadores se concreten y que vencerá la unidad de todos los bolivianos.
Coincidentemente con las amenazas denunciadas, un ampliado nacional del transporte pesado determinó el viernes último un ultimátum al Gobierno para que atienda sus demandas hasta el 26 de junio y, en caso contrario, iniciará al día siguiente un paro indefinido con bloqueo de carreteras y cierre de fronteras.
Este sector, encabezado por la Confederación Boliviana de Transporte (CBT, empresarios privados) exige una solución a la falta de dólares, el abastecimiento de combustible, la renuncia de las principales autoridades de la Aduana e Impuestos y la destitución del ministro de Obras Públicas, Édgar Montaño.
Anunciaron que, a partir del lunes, “estamos dando 72 horas al Gobierno nacional para solucionar los problemas”, dijo Héctor Mercado, presidente de la CBT, tras el ampliado realizado en Santa Cruz de la Sierra.
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