Exigiremos también la inclusión de más beneficiarios en la Ley de Desarrollo Integral, aprobada por el Congreso (unicameral) el 24 de octubre de 2022, expresó a medios locales de prensa un representante del grupo, sin identificarse.

Esa norma estableció entonces la creación de una modalidad para apoyar al Personal de Tropa, que prestó servicio militar durante el Conflicto Armado Interno (1960-1996).

El derecho a manifestarse lo contempla el artículo 33 de la Constitución Política de la República y faculta a todo ciudadano a ejercer ese derecho, el cual no puede ser coartado de ninguna manera por el Estado, subrayó el veterano, citado por Emisoras Unidas.

Detalló que tienen programado mantener la presencia (plantones) ese día en un punto del departamento capital, específicamente en los alrededores del Ministerio de Finanzas, y en distintos sectores de Petén, Izabal y El Progreso.

Además en Zacapa, Alta Verapaz, Baja Verapaz, Huehuetenango, Quetzaltenango, Totonicapán, Suchitepéquez, Escuintla, San Marcos, Santa Rosa, Sacatepéquez, Quiché, Sololá, Retalhuleu, Jalapa, Chimaltenango, Chiquimula y Jutiapa.

El asunto –según entendidos- tiene vieja data, pues cuando el exmandatario Alejandro Giammattei era candidato a la presidencia fue uno de los primeros en ofrecerles apoyo económico por sus servicios, algo que luego en su mandato (2020-2024) incumplió.

Los exmilitares, en protestas efectuadas en 2021, quemaron algunas oficinas del Parlamento luego de irrumpir por la fuerza, mientras en la Plaza de la Constitución de esta urbe se enfrentaron a golpes entre ellos.

La Ley de Desarrollo Integral incluyó un pago de 36 mil quetzales (cuatro mil 736 dólares) a cada uno de los veteranos, a cambio de su inserción en un programa de reforestación.

Sin embargo, algunas asociaciones de exmilitares continuaron inconformes y pidieron un desembolso de 120 mil quetzales (15 mil 780 dólares), que sumaría a huérfanos y viudas. Esa propuesta nunca prosperó, aunque la amenaza constante de acciones a modo de presión siguió en el ambiente a lo largo de casi dos años.

Presuntamente les adeudan tres meses y, de acuerdo con declaraciones anteriores de representantes del grupo, el Ministerio de Finanzas les indicó que no cuenta con los recursos para efectuarles el pago.

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