La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura por ejemplo señaló en un reciente comunicado que las nuevas autoridades que asumirán desde el 1 de julio deberán estudiar los errores y evaluar el legado de indolencia por la inacción de los últimos cinco años.
El mayor gremio empresarial del istmo consideró entre las áreas mal gestionadas la crisis hídrica del Canal, la deteriorada economía, la seguridad social y el programa de jubilación, la educación y el mal manejo de los desechos sólidos (basura).
También mencionan la situación crítica en que quedan las finanzas públicas, con alto endeudamiento, habiendo perdido el grado de inversión con una de las calificadoras de riesgo (Ficht Ratings) y con una perspectiva preocupante.
En ese sentido, instaron al nuevo Ejecutivo que encabezará José Raúl Mulino para el quinquenio 2024-2029 a sacar conclusiones de los errores anteriores y tener la valentía de hacer los cambios necesarios para garantizar un futuro próspero y equitativo para todos los panameños
De otra parte, organizaciones sociales y diputados independientes como Juan Diego Vásquez han criticado el manejo ineficiente de los presupuestos del Estado en la administración de Laurentino Cortizo ( 2019-2024).
Además de una deuda pública que sobrepasa los 50 mil millones de dólares, citan excesivas partidas discrecionales, plantillas abultadas, falta de transparencia y el despilfarro de los recursos públicos, sobre todo en la Asamblea Nacional (Parlamento).
Al respecto, el ministro designado de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, adelantó a la prensa que lo más urgente será la ejecución del presupuesto en la segunda mitad del año.
“Es fundamental entender bien el estado actual de los ingresos y qué podemos esperar de los gastos. Como decimos en buen panameño, se trata de cuadrar el círculo, es decir, cómo asignamos el dinero escaso de la manera más efectiva. Debemos tomar decisiones claves sobre la asignación de recursos limitados”, remarcó.
En el caso de la seguridad ciudadana, el titular de la cartera correspondiente, Frank Ábrego, admitió que es una de las piedras angulares que deberá resolver el próximo Ejecutivo, debido a que la población demanda este tema sea tomado con seriedad para devolver la tranquilidad a las comunidades.
Un asuntos cardinal en esa esfera es el auge de la migración irregular – en este año más de 186 mil personas- a su paso por la selva de Darién rumbo a Estados Unidos.
Mulino ha dicho en primera instancia que cerrará la frontera y posteriormente repatriarán a los viajeros ilegales, respetando sus derechos humanos.
Por otro lado, el nuevo Gobierno necesitará construir una agenda nacional de desarrollo con un parlamento fracturado y con sus adversarios políticos.
En su primer discurso para celebrar la victoria en las urnas el 5 de mayo último, Mulino pidió a los panameños que tengan confianza en que las soluciones comenzarán muy pronto mediante gestiones que hará con empresas privadas nacionales e internacionales para mover el dínamo de la economía, indicó.
Sobre este proceso de trasmisión de mando, organizaciones populares anticiparon sus ejes de lucha social, entre ellas el Frente Nacional por la Defensa de los Derechos Económicos y Sociales (Frenadeso) que enfatizó en un comunicado que del futuro Ejecutivo proempresa privada, solo esperan medidas contra el soberano.
Pese al fracaso del modelo neoliberal, según ese texto, el pueblo deberá enfrentar nuevamente reformas paramétricas a la Caja de Seguro Social con pérdida de beneficios para los pensionados; incondicionalidad a las recetas de organismos financieros internacionales y la continuación del poder de los oligopolios que profundizan más la pobreza y la desigualdad.
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