Con esta decisión el máximo tribunal de justicia profundiza, por primera vez de manera sustantiva, en la complicada y políticamente tensa cuestión de la atención sanitaria para la afirmación de género, señalan reportes en medios locales.
La ley estatal, promulgada el año pasado, prohíbe la terapia hormonal y los bloqueadores de la pubertad para menores e impone sanciones civiles a los médicos que violen tales restricciones.
Esa medida se encuentra entre un número creciente de leyes estatales impulsadas en los últimos años dirigidas aquí a la atención de personas transgénero.
Según la Campaña de Derechos Humanos, casi la mitad de los estados de la Unión han establecido prohibiciones relacionadas con el cuidado de menores transgénero.
Las batallas legales sobre prohibiciones similares han avanzado en los tribunales federales durante más de un año.
El Supremo permitió en abril a los funcionarios de Idaho aplicar temporalmente una estricta prohibición en todo el estado de los cuidados que afirman el género de la mayoría de los menores, aunque sin resolver las cuestiones subyacentes planteadas por el caso.
Para grupos defensores de los jóvenes transgénero la Corte Suprema debe derogar la ley de Tennessee.
«Es simple: todos merecen acceso a la atención médica que necesitan, y los jóvenes transgénero y no binarios no son una excepción», subrayó Kelley Robinson, presidenta de la Campaña de Derechos Humanos, citada por la cadena CNN.
Ningún político -concluyó- debe tener la capacidad para interferir en las decisiones que “es mejor tomar entre las familias y los médicos, especialmente cuando esa atención es necesaria y es la mejor práctica».
El pronunciamiento de la Corte para escuchar el caso (que será en otoño) coincidió en un día que en Estados Unidos se recuerda la necesidad de defender los derechos reproductivos de las mujeres.
El 24 de junio de 2022 el Tribunal Supremo derogó el histórico fallo de 1973 de Roe v. Wade que brindó desde entonces protección legal al aborto.
La eliminación de esa sentencia desató protestas y críticas en todo el territorio nacional, así como legislaciones antiaborto, en particular en aquellos estados controlados por los republicanos.
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