En conferencia de prensa, la agrupación precisó que “jueces, fiscales y finqueros corruptos no buscan el respeto al derecho a la propiedad, sino garantizar la ilegalidad con la que los terratenientes” siempre despojaron de sus tierras a indígenas, entre otros.

Esta situación –señaló- crea una crisis humanitaria que ya afectó a cientos de familias y, advirtió, son actuaciones ilegales, no solo por vicios de procedimiento, sino por violar la Constitución, los estándares internacionales y demás instrumentos firmados por el Estado.

El Comité expuso que las acciones contra comunidades del departamento de Alta Verapaz, el municipio El Estor, Izabal, Jalapa y Escuintla, vulneran derechos humanos de cientos de familias en situación de pobreza, abandono y exclusión.

Les despojaron, robaron y quemaron sus bienes, perdieron sus cosechas y se vieron afectados en cuanto a la alimentación, al agua y a la vivienda, remarcó una de sus representantes ante los medios.

De la misma manera, agregó, los niños y las niñas no pueden seguir estudiando, son impactados por las inclemencias del tiempo, enfermedades y con altas probabilidades de serlo por epidemias, sin posibilidades de atención médica, subrayó.

En particular –incluyó- la niñez, mujeres embarazadas y personas de la tercera edad, sin contar en lo referido a la salud mental, psicológica y la seguridad individual.

El Estado de Guatemala está obligado por Ley, consideró el CUC, a cumplir con los estándares internacionales en materia de desalojos y solamente pueden realizarse si se garantiza el derecho a la defensa de las comunidades para promover el bienestar general.

Alertó y llamó a estar atentos ante estas graves violaciones a los derechos humanos y convocó a la sociedad guatemalteca, a la solidaridad nacional e internacional a brindar apoyo por la situación de emergencia humanitaria generalizada por tal escenario.

Animó a sus hermanos en otras comunidades y organizaciones amenazadas a resistir ante la violencia de sus garantías constitucionales y unificar esfuerzos para detener la oleada existente de desalojos.

Exigió la captura y juicio de los asesinos de Marcelo Yaxon y José Alberto Domingo, ambos líderes de la organización, quienes fueron emboscados el 5 del presente mes mientras realizaban su trabajo de campo.

La CUC compareció por segunda ocasión en menos de un mes por las maniobras de “finqueros, Ministerio Público y jueces vinculados al Pacto de Corruptos”, contra quienes buscan soluciones pacíficas y legales para asegurar su derecho a la tierra y una vida digna.

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