Jadue está acusado de supuestos delitos de cohecho, fraude al fisco y estafa en las negociaciones de la Asociación Chilena de Municipalidades con Farmacias Populares, sin embargo, un comité nacional e internacional que exige su liberación lo considera una persecución política.

Durante los tres períodos al frente de la comuna de Recoleta, el alcalde impulsó la creación de la Farmacia, la Óptica y la Librería Popular, el Centro de Rehabilitación, la Red de Bibliotecas y la Universidad Abierta, además de construir viviendas con bajos precios de alquiler.

Para mañana lunes a las 09.00 horas estaba fijada la audiencia con el fin de revisar las medidas cautelares contra Daniel Jadue, que incluyen la prisión preventiva y la congelación de sus bienes.

Sin embargo sus defensores, con el jurista Carlos Manríquez a la cabeza, solicitaron postergarla para el miércoles o jueves con el propósito de estudiar más a fondo el expediente.

En el oficio señalan que se adoptaron resoluciones defectuosas durante los procesos anteriores, en las cuales se presumen actos de perjuicio, que afectan y ofenden las garantías del debido proceso e igualdad ante la ley.

De acuerdo con el penalista Manríquez, estos hechos dejan a la defensa de Jadue en posición desventajosa para reclamar la sustitución de las medidas cautelares.

Además, exigen la inhabilitación de las magistradas de ese tribunal, Paulina Moya y Katherine Román, quienes ya conocieron y emitieron un dictamen sobre este tema y por lo tanto el riesgo de confirmar las sanciones es muy alto.

«No se trata de desconfiar de la acción de la magistrada ni del tribunal en particular, sino de ejercer el derecho al debido proceso», declaró Manríquez.

Interrogado recientemente si se trata de una persecución política, el experto en derechos humanos Hugo Gutiérrez dijo: “A mí no me cabe la menor duda. Le quitaron su libertad, le congelaron sus bienes y dentro de unos días pretenden quitarle también el cargo de alcalde”.

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