En el más reciente Consejo de Ministros, el propio titular de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, presentó detalles preliminares sobre la situación fiscal del país y el gasto público.
El funcionario destacó como principal prioridad, honrar los compromisos con los acreedores en lo que resta del año 2024, frente a casos de despilfarro de recursos y una deuda pública que supera los 50 mil millones de dólares.
Al respecto, el presidente Mulino ordenó informar al Ministerio Público sobre cualquier anomalía o irregularidad detectada en cada una de las instituciones del Estado.
“Esto no significa persecución política, sino apego a la ley y continuar con la gestión avanzando a pasos firme para terminar obras”, remarcó el mandatario.
Por su parte, la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información informó que realizará una investigación sobre las irregularidades que han denunciado las autoridades locales.
También el nuevo ministro de Seguridad, Frank Ábrego, ordenó la realización de una auditoría interna en todas las áreas bajo su responsabilidad, para posteriormente una vez obtenido los informes, solicitar inspecciones a la Contraloría General de la Nación.
Por su parte, la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap) , instó a las nuevas autoridades a denunciar penalmente las anomalías encontradas y de aplicar todo el peso de la ley frente al desfalco estatal.
Este llamado se produce tras denuncias de alcaldías, juntas comunales y ministerios sobre las pésimas condiciones y la falta de información debido al borrado de registros del sistema en la primera semana del Ejecutivo.
La Cciap subrayó la necesidad de transparencia y liderazgo decidido ante las graves condiciones en las que han encontrado las instituciones gubernamentales.
En esa dirección el Gabinete ordenó hacer públicas las actas de sus reuniones, una medida que incluye también las dos administraciones anteriores, es decir los períodos 2014-2019 de Juan Carlos Varela y 2019-2024 liderado por Laurentino Cortizo.
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