La asambleísta Garzón, del movimiento Revolución Ciudadana (RC), solicitó al Consejo de la Administración Legislativa (CAL) conocer la situación de Salazar para determinar cuándo se podrá retomar el enjuiciamiento contra la funcionaria.

En respuesta, la fiscal rechazó “infamias” difundidas por aquellos que, según ella, buscan desacreditarla y afectar su vida personal.

Para Salazar, la divulgación no autorizada de información sobre su embarazo viola sus derechos a la privacidad y a la confidencialidad como ciudadana y mujer.

“Todo tiene un límite. No voy a tolerar más infamias de los mentirosos de siempre, que –con tal de conseguir impunidad– han sido capaces de rebasar toda frontera, no solo legal, sino moral, ética y humana”, expresó en su declaración.

Garzón se defendió y señaló que lo íntimo, incluido el estado de salud de todo funcionario, no le compete ni se ha mencionado en ningún documento firmado por ella.

El 17 de mayo pasado, el CAL determinó posponer el trámite del juicio político en contra de la fiscal después que ella alegara tener una gestación de riesgo, aunque no se ha apartado de sus funciones.

Salazar ha recibido críticas por la selectividad y parcialidad en los casos que investiga, concentrándose en figuras de la RC y en el expresidente Rafael Correa, que la acusa de persecución política, mientras otras causas permanecen engavetadas.

rgh/avr