En 2023 fueron cuatro mil 713 las destruidas, aunque hubo años como el 2008 y 2017 en los que las cifras casi se duplicaron.

Reportes de prensa indican que en el depósito judicial hay tres mil 400 armas cortas y largas. Además hay otras mil entregadas voluntariamente por la población.

No hay cifras sobre el armamento ilegal, y los estimados se hacen respecto a los pedidos de información de la Justicia por armamento incautada en diversos procedimientos.

En Uruguay el arma es un bien hereditario y si el dueño la quiere conservar debe realizar la documentación correspondiente para que esté a su nombre. Si la quiere vender tiene que realizar el traspaso documentado.

La ley habilita hasta ocho armas, siempre y cuando los calibres no sean de alto poder, luego pasa a ser coleccionista.

El proceso de destrucción se realiza una vez al año en la metalúrgica Gerdau, considerada la principal recicladora de Latinoamérica, y que según publica el Grupo R Multimedio transforma anualmente 11 millones de chatarra en acero.

El artículo primero de la ley 19.247, refiere que armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales relacionados que no tengan autorización deben ser incautados.

También las armas requeridas o las que estén en poder de quienes hayan cometido delitos o actos de violencia.

Luego de ser utilizadas como evidencia, la Justicia las deriva al registro de material y armamento. Quedan en depósito. Si en tres años no hay resolución judicial sobre su destino o el propietario no la reclama con la documentación correspondiente, pasan a destrucción.

Desde 1998 hasta el año pasado fueron destruidas casi 95 mil armas, según el coronel Germán Ramírez, director general del Servicio Material y Armamento.

A nivel nacional son 615 mil las armas registradas, número que ha crecido en los últimos años ante el crecimiento de la inseguridad acompañada de la violencia armada.

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