Uno de los que intervino fue el exembajador de Bolivia ante la ONU y exsecretario ejecutivo de de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de nuestra América (ALBA-TCP), Sacha Llorenti, quien subrayó que en el marco del derecho internacional no se puede invadir una misión diplomática ni secuestrar a un asilado político.
Llorenti comentó que Ecuador debió usar los canales diplomáticos como la negociación y el diálogo y evitar los hechos del 5 de abril.
“La conducta de las autoridades ecuatorianas han hecho ver a Ecuador como un Estado forajido, como un Estado más allá de la ley internacional”, manifestó el diplomático.
Otro de los testigos llamados por la asambleísta Jhajaira Urresta, que propuso el enjuiciamiento contra la ministra, fue el exvicecanciller ecuatoriano Fernando Yepez Lasso.
El antiguo funcionario consideró que el juicio no es una causa nacional, sino que se discute la responsabilidad de la canciller frente a los tratados internacionales.
Si bien Sommerfeld tendrá mañana la oportunidad de defenderse de la acusación de incumplir sus funciones por la violación de la sede diplomática mexicana para detener al exvicepresidente Jorge Glas, este jueves anticipó que presentará 20 pruebas de descargo.
“Estamos convencidos de que lo actuado ha sido lo correcto en defensa de la soberanía y la dignidad del Estado ecuatoriano”, dijo Sommerfeld en rueda de prensa.
El asalto a la embajada de México provocó la ruptura de relaciones diplomáticas con ese país y sendas denuncias ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ).
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