La Fiscalía de la Nación dejó sin efecto la posible acusación del delito de genocidio contra la mandataria y dejó en pie los de homicidio calificado y lesiones graves a civiles abatidos por armas de fuego cuando protestaban contra al ascenso, por sucesión, de Boluarte a la jefatura de Estado.

El abogado penalista Andy Carrión afirmó que, de ser declarada culpable, Boluarte sería condenada a por lo menos 15 años, según el código penal.

El proceso, en su fase de investigación, está referido a 44 de las 50 muertes y a la presidenta y quienes fueron sus primeros ministros, Pedro Angulo y Alberto Otárola, y este último y Jorge Chávez que eran ministros de Defensa, así como César Cervantes, Víctor Rojas y Vicente Romero, extitulares del Interior.

Las 44 muertes se registraron entre el 7 de diciembre de 2022 y el 9 de febrero de 2023 en las regiones surandinas de Puno, Apurímac, Arequipa, Ayacucho y Cusco, la centroandina de Junín, la centroamazónica de Ucayali, la norteña de La Libertad y en la ciudad de Lima.

Boluarte niega su responsabilidad en las órdenes o en la omisión de las mismas que propiciaron las acciones de militares y policías contra las manifestaciones, las cuales se prolongaron hasta marzo de 2023.

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