Esta decisión viene dada como consecuencia de la negativa de la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, a hacer efectivo el pago de las indemnizaciones a los inversores en renovables, valoradas en más de mil 200 millones de euros.

En este caso concreto, fue la energética NextEra la que solicitó a la justicia británica la homologación y ejecución de un dictamen de 291 millones de euros impuesto por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), la corte arbitral del Banco Mundial.

En un hecho relevante remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Aena explica que la decisión judicial resultó adoptada sin audiencia del Reino de España, es decir, sin dar pie a la intervención previa de la Abogacía del Estado, encargada de defender al país en arbitrajes impulsados por inversores extranjeros por los recortes renovables.

Tales detalles los reproduce este lunes el periódico digital europeo Preferente que además señala que Aena se limita a decir que llevará a cabo, tan pronto le sea notificada la decisión, las comprobaciones pertinentes para determinar el alcance y consecuencias de esas medidas y, en todo caso, defenderá sus intereses, filiales y accionistas del modo que jurídicamente proceda.

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