La decisión de la también llamada Sala IV, que ya el 29 de julio declaró “inconstitucional” la iniciativa y el gobierno reaccionó un día después con una nueva versión, interrumpió de ese modo un debate de varias semanas, agudizado por la propia presentación del otro texto, según el diario Delfino.cr.
El ente defensor de la carta magna respondió así a una consulta legislativa suscrita por diputados de los partidos Liberal Progresista y Liberación Nacional, sobre si era o no legal el texto de la llamada “Ley Jaguar para impulsar el desarrollo de Costa Rica”, implementado para aprobarlo en un referendo.
La disposición de los magistrados anterior al envío este martes a archivo de la legislación, mediante la resolución 2024-22231, declaró inconstitucionales todos los artículos del proyecto inicial sometidos al análisis del Tribunal Supremo de Elecciones, confirmó a Delfino.cr la oficina de prensa de esa alta instancia.
Las reiteradas críticas al proyecto por diputados, funcionarios y mecanismos fiscalizadores como la Contraloría General de la República contra el intento oficial de pasar un nuevo proyecto legislativo originaron una de las principales polémicas nacionales de los últimos tiempos, según medios de prensa.
El legislador y jefe de la fracción del Frente Amplio, Antonio Ortega, caracterizó de “venta de humo” la presentación el 30 de julio por las autoridades estatales de esa otra versión de la ley para someterla a un referendo.
La autoridad de la formación izquierdista censuró la característica de la propuesta de norma de limitar la fiscalización de la Contraloría, respecto a lo cual coincidió con numerosos colegas de otros partidos.
Según el diputado progresista, lo que busca el Ejecutivo es “vaciar de contenido la legislación respecto a la administración pública, a la contratación y a los roles de la Contraloría General de la República para evitar las denuncias y fiscalizar los actos de corrupción”.
La denominada Ley Jaguar para un presunto desarrollo nacional propone un referendo antes de las elecciones presidenciales de 2026, centrado en temas como la reforma de la legislación para regular a la Contraloría.
Los debates sobre el texto propuesto por el Gobierno continuaron durante los últimos días en la Asamblea Legislativa (parlamento), que cuestionó la insistencia oficial de imponer dicha nueva versión, tras la confirmación de inconstitucionalidad contra el texto original.
El presidente de esa instancia, Rodrigo Arias, se sumó a las críticas de numerosos miembros de esa instancia contra la otra formulación del proyecto presentada por el Ejecutivo.
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